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Apelan los sobreseimientos en la causa por lavado que involucra a la familia de Pablo Escobar y al exfutbolista “Chicho” Serna

Fiscales federales apelaron la decisión judicial que dispuso el sobreseimiento de ocho personas investigadas por presunto lavado de activos vinculados al narcotráfico, en una causa que involucra a la viuda y el hijo de Pablo Escobar, al exfutbolista Mauricio Serna y a empresarios y profesionales.

La apelación fue presentada por los fiscales Franco Picardi, Diego Iglesias y Diego Velasco, quienes consideraron “arbitraria” la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que había cerrado el caso.

Una causa por lavado ligada al narcotráfico internacional

La investigación apunta a una presunta red que habría operado en Argentina para introducir al sistema financiero dinero de origen ilícito vinculado al ciudadano colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, señalado como integrante del cartel de Cali.

Según la acusación, las maniobras incluyeron el ingreso de más de tres millones de dólares mediante estructuras societarias y operaciones comerciales destinadas a dar apariencia legal a esos fondos.

Entre los imputados figuran María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos —viuda e hijo de Escobar—, además del exjugador de Boca Juniors “Chicho” Serna.

El fallo cuestionado

El juez Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de los ocho imputados al considerar nulo el origen de la investigación, incluyendo pruebas clave como la declaración de Piedrahita Ceballos, quien había colaborado con la justicia.

Sin embargo, los fiscales sostuvieron que esa decisión implica un apartamiento de las reglas de valoración de la prueba y que se exigió un nivel de certeza que no corresponde a esta etapa del proceso.

“No estamos ante una simple discrepancia, sino frente a un pronunciamiento que se aparta de las reglas de la sana crítica”, señalaron.

En su apelación, los representantes del Ministerio Público Fiscal advirtieron que el fallo:

Reduce el análisis de la prueba reunida durante años
Fragmenta los indicios existentes
Exige estándares propios de una sentencia definitiva.

Además, remarcaron que en los delitos de lavado de activos es habitual que no exista prueba directa, por lo que el conocimiento del origen ilícito del dinero debe reconstruirse a partir de indicios.

“Las maniobras más sofisticadas de blanqueo se valen de estructuras legales para encubrir el origen ilegal del dinero”, indicaron.

También cuestionaron que se haya interpretado la formalidad de las operaciones como un signo de legalidad, cuando justamente puede tratarse de una estrategia de encubrimiento.

Un caso con impacto internacional

La causa se originó a partir de información aportada por la DEA, que detectó vínculos entre Piedrahita Ceballos y operadores en Argentina.

El colombiano ya fue condenado en Estados Unidos y en su país de origen, aunque —según remarcaron los fiscales— “permanece impune de momento en Argentina”.

Que puede pasar ahora

En su presentación, los fiscales solicitaron que la Cámara Federal revoque los sobreseimientos, mantenga las medidas cautelares sobre bienes y activos, y permita avanzar hacia el juicio oral.

También advirtieron que levantar esas medidas podría afectar la posibilidad de recuperar activos vinculados al delito.

“El sobreseimiento no surge de una valoración integral de la prueba, sino de un razonamiento que reduce artificialmente el análisis”, concluyeron.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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