En cuestión de días, lo que parecía ser la historia de éxito más fulgurante del sector bancario digital en Paraguay se convirtió en una de sus peores pesadillas financieras y políticas. La abrupta caída e intervención de Ueno Bank no solo ha paralizado el dinero de casi tres millones de ciudadanos, sino que ha arrastrado consigo al escenario político nacional, acelerando la renuncia del presidente Santiago Peña en medio de investigaciones por irregularidades y conflictos de interés.

Ueno Bank emergió en el mercado paraguayo como una propuesta innovadora, moderna y con un crecimiento vertiginoso. Apoyado en una app de fácil acceso, promociones agresivas y una fuerte presencia publicitaria, logró cautivar a cerca de 2,9 millones de clientes, desde jóvenes hasta trabajadores independientes.

Sin embargo, detrás de la imagen de modernidad se incubaba un grave deterioro financiero. El 29 de octubre de 2026, la entidad notificó que no podía reponer liquidez. Días después, el Banco Central del Paraguay (BCP) hizo oficial lo que ya era un rumor a voces: Ueno Bank fue intervenido debido a que su solvencia cayó a menos del 50% del mínimo legal requerido.

El impacto operativo fue inmediato. Las tarjetas de débito y crédito quedaron bloqueadas, las bancas electrónicas se apagaron y miles de personas acudieron masivamente a las sucursales cerradas en busca de respuestas.

¿Qué pasó con los ahorros y los fondos públicos?

El Banco Central recordó que existe un Fondo de Garantía de Depósitos que cubre ahorros de hasta aproximadamente 228 millones de guaraníes (unos 38.000 dólares) por persona. Según la autoridad monetaria, esto protegería a cerca del 97% de los clientes minoristas.

Más allá de las cuentas individuales, la alarma creció al confirmarse que cerca de 850 millones de dólares en recursos públicos estaban depositados o invertidos en la institución. Entre estos destacan alrededor de 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo responsable de la salud y las jubilaciones del país, lo que desató una honda indignación social.

La conexión con Santiago Peña y el detonante político

El colapso bancario se transformó de inmediato en una crisis institucional que apuntó a la cima del Poder Ejecutivo. La relación entre Ueno Bank y el ahora ex-presidente Santiago Peña venía siendo observada con lupa desde tiempo atrás.

Ueno Bank formaba parte del Grupo Vázquez, un importante conglomerado empresarial en el que Peña reconoció haber tenido participación accionaria o vínculos comerciales en el pasado. Aunque la entidad afirmaba que el mandatario se había desprendido de sus activos meses antes, la oposición y analistas cuestionaron el meteórico ascenso del banco durante su administración.

La polémica aumentó cuando se señaló a Carlos Carvallo, entonces presidente del Banco Central. Antes de asumir el cargo regulador, Carvallo había ejercido altos cargos en el propio Ueno Bank. Esto levantó sospechas de una supervisión blanda o con la «vista gorda» sobre la real salud financiera de la entidad.

La fiscalía emitió órdenes de captura contra varios directivos del grupo empresarial (incluyendo a su principal responsable, Miguel Vázquez). Ante el descontento popular en las calles, la renuncia de Carvallo al Banco Central y el inminente avance de un juicio político en el Congreso impulsado incluso por sectores de su propio partido, Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia para abrir paso a la transición de gobierno.

La caída de Ueno Bank provocó fuertes sacudidas en la economía real paraguaya. En apenas una semana, la moneda local (el guaraní) sufrió una devaluación superior al 8%, el dólar trepó con rapidez y las calificadoras de riesgo ajustaron sus miradas sobre el país. Además, al tratarse de un banco fuertemente implantado en la población bancarizada, la actividad comercial y los pagos cotidianos quedaron semi-paralizados en varios puntos de la nación y en la frontera con Argentina.

Actualmente, los liquidadores del Banco Central trabajan contrarreloj para clasificar los activos del banco y canalizar la devolución paulatina de los depósitos garantizados. Mientras tanto, la justicia busca determinar responsabilidades penales en el manejo de una crisis que dejó una profunda lección sobre los riesgos de mezclar la política con el control del dinero público y el sistema financiero.