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Nacionales

Renunció Ariel Waissbein, titular de ciberseguridad del Gobierno, y el plan estatal quedó en espera

La renuncia de Ariel “Wata” Waissbein al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) abrió interrogantes sobre el rumbo de la protección digital estatal. El funcionario dejó el cargo a fines de octubre, en medio de tensiones internas y cambios en el área, mientras crece el debate sobre la participación de Estados Unidos y China en la infraestructura tecnológica estratégica.

El alejamiento se produjo después de que se cancelara una jornada organizada por el CNC para reunir a empresas y avanzar con el centro nacional de operaciones. También renunció el subdirector Ezequiel Gutesman y, días más tarde, fue apartado Ariel Cessario, coordinador del CERT.ar, el equipo que atiende incidentes informáticos en organismos públicos.

Durante su gestión, Waissbein promovió la creación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) nacional, con sede en instalaciones de ARSAT en Benavídez. La propuesta apuntaba a concentrar allí la vigilancia de redes estatales, detectar ataques en tiempo real, coordinar respuestas y fortalecer el resguardo de información sensible.

El diseño del equipo saliente preveía usar herramientas de código abierto y servidores propios de ARSAT, para contener costos y reducir la dependencia de servicios contratados fuera del país. También incluía sumar especialistas y ampliar la capacidad operativa del organismo, en un contexto de ataques informáticos contra distintas dependencias públicas.

La transición coincide con dos líneas de financiamiento. En octubre, la Embajada de Estados Unidos anunció un programa de 15 millones de dólares para apoyar la instalación del centro y revisar la seguridad de la infraestructura de ARSAT. A ese aporte se suma un préstamo de 30 millones de dólares aprobado por el BID, también destinado a fortalecer la infraestructura digital estatal.

Por ahora, no se definió cómo se articularán esos recursos ni cuál será el esquema para ejecutarlos. A la vez, Walter Agüero, nuevo director del CNC, firmó una disposición que establece requisitos de seguridad para próximas contrataciones. Especialistas advierten que las condiciones podrían limitar la participación de firmas chinas, entre ellas Huawei y ZTE, en compras estratégicas.

Radio Mitre

Nacionales

La Justicia declaró institucional la fórmula jubilatoria durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó recalcular un haber

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el esquema de movilidad previsional creado por la Ley 27.609 durante la gestión de Alberto Fernández. En una causa individual contra la Anses, el tribunal ordenó recalcular el beneficio de un jubilado y pagar las diferencias que resulten del nuevo cálculo.

Los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque consideraron que la fórmula jubilatoria generó una pérdida de poder adquisitivo del 46,83% entre marzo de 2021 y marzo de 2024, período en el que estuvo vigente. Según el fallo, los haberes subieron 553,55% con ese mecanismo, frente a un 1.129,07% según un parámetro vinculado a la inflación.

Para los magistrados, el sistema no contemplaba una variable relacionada con los precios ni una herramienta que protegiera el valor real de las prestaciones. Aunque la fórmula no presentaba objeciones cuando fue aprobada, el avance inflacionario que comenzó en 2022 dejó expuesta, según la resolución, una falencia de diseño que afectó a los ingresos previsionales.

“La aceleración inflacionaria desatada a partir de 2022 puso de manifiesto el defecto estructural de prescindir de una variable vinculada a los precios”, expresó uno de los votos que integró la sentencia. A partir de ese análisis, la Cámara dispuso que la Anses vuelva a calcular el haber del demandante y abone los montos adeudados que surjan de la liquidación.

El tribunal también aclaró que los bonos y refuerzos extraordinarios pagados durante esos años no forman parte del haber previsional ordinario. Los consideró ayudas de carácter asistencial y señaló que no llegaron a todos los jubilados en las mismas condiciones. Por ese motivo, esos pagos quedaron fuera de la comparación utilizada para analizar el efecto de la fórmula jubilatoria.

La resolución no ordena actualizar de manera generalizada las jubilaciones ni genera un aumento automático para quienes cobran prestaciones de la Anses. Como se trata de una causa particular, los beneficiarios que busquen una respuesta similar deberán iniciar su propio reclamo judicial. El resultado dependerá de las circunstancias y pruebas de cada expediente.

Radio Mitre

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