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Nacionales

La Justicia declaró institucional la fórmula jubilatoria durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó recalcular un haber

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el esquema de movilidad previsional creado por la Ley 27.609 durante la gestión de Alberto Fernández. En una causa individual contra la Anses, el tribunal ordenó recalcular el beneficio de un jubilado y pagar las diferencias que resulten del nuevo cálculo.

Los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque consideraron que la fórmula jubilatoria generó una pérdida de poder adquisitivo del 46,83% entre marzo de 2021 y marzo de 2024, período en el que estuvo vigente. Según el fallo, los haberes subieron 553,55% con ese mecanismo, frente a un 1.129,07% según un parámetro vinculado a la inflación.

Para los magistrados, el sistema no contemplaba una variable relacionada con los precios ni una herramienta que protegiera el valor real de las prestaciones. Aunque la fórmula no presentaba objeciones cuando fue aprobada, el avance inflacionario que comenzó en 2022 dejó expuesta, según la resolución, una falencia de diseño que afectó a los ingresos previsionales.

“La aceleración inflacionaria desatada a partir de 2022 puso de manifiesto el defecto estructural de prescindir de una variable vinculada a los precios”, expresó uno de los votos que integró la sentencia. A partir de ese análisis, la Cámara dispuso que la Anses vuelva a calcular el haber del demandante y abone los montos adeudados que surjan de la liquidación.

El tribunal también aclaró que los bonos y refuerzos extraordinarios pagados durante esos años no forman parte del haber previsional ordinario. Los consideró ayudas de carácter asistencial y señaló que no llegaron a todos los jubilados en las mismas condiciones. Por ese motivo, esos pagos quedaron fuera de la comparación utilizada para analizar el efecto de la fórmula jubilatoria.

La resolución no ordena actualizar de manera generalizada las jubilaciones ni genera un aumento automático para quienes cobran prestaciones de la Anses. Como se trata de una causa particular, los beneficiarios que busquen una respuesta similar deberán iniciar su propio reclamo judicial. El resultado dependerá de las circunstancias y pruebas de cada expediente.

Radio Mitre

Nacionales

La Justicia ordenó la liquidación de la empresa vinculada a Lázaro Báez que seguía operando desde la cárcel

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó avanzar con la liquidación de Austral Agro, sociedad ligada a Lázaro Báez que seguía en actividad mientras el empresario estaba preso. La resolución responde a un planteo del Ministerio Público Fiscal y busca destinar el valor de la firma y sus bienes al pago de sanciones económicas pendientes.

La composición accionaria registrada asigna el 70% de la compañía a Lázaro Báez y el 30% restante a su hijo Martín. Según consta en el expediente, ambos acumulan deudas derivadas de condenas firmes: al empresario se le atribuyen más de 329 millones de dólares y a Martín, una cifra que supera los 274 millones.

Para ejecutar la medida, el tribunal resolvió que las acciones sean anotadas de manera provisoria a nombre del Estado nacional. También requirió la intervención urgente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que quedará a cargo del manejo operativo de Austral Agro y de la administración de los recursos que produzca.

La resolución incluye un relevamiento del valor de la empresa y de la totalidad de sus activos. Peritos de la Corte Suprema deberán realizar esa evaluación y entregar sus conclusiones dentro de diez días hábiles. El propósito es establecer qué bienes pueden convertirse en fondos para cubrir, al menos parcialmente, las obligaciones económicas pendientes.

Creada por la familia Báez para operar en el sector ganadero, Austral Agro llegó a reunir numerosas estancias en Santa Cruz. Pese a las medidas judiciales que afectaron el patrimonio del empresario, la firma habría mantenido explotaciones rurales: una investigación sostiene que administraba al menos diez campos, trabajados mediante acuerdos de arrendamiento.

En procedimientos recientes realizados en la provincia, los investigadores incautaron documentación que, según el expediente, registraría ingresos mensuales superiores a los cinco millones de pesos por esas operaciones. Ese material forma parte de las actuaciones que buscan precisar cómo funcionaba la estructura y quiénes gestionaban sus bienes y recursos mientras Báez cumplía su condena.

Radio Mitre

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