Judiciales

Aplican pena efectiva a dos mujeres que integraban una «pyme familiar» de venta de drogas

Habían sido detenidas en diciembre de 2025 junto a otros parientes. Cumplirán la condena bajo modalidad de domiciliaria.

La Dra. María Pía Danielsen, jueza de Control y Garantías para la jurisdicción Capital, homologó el acuerdo que le presentaron la Dra. Natalia Saavedra, coordinadora de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, la abogada Estefanía Budán, defensora de Eloisa del Carmen Coronel; y la defensora oficial Paola Storniolo, quien asiste a Noelia Coronel, a quienes impuso una condena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, como autoras del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La magistrada hizo lugar al planteo de la defensora, para que ambas mujeres cumplan la condena bajo modalidad de prisión domiciliaria, porque tienen hijos menores que deben asistir, los cuales incluso presentan problemas de salud, acreditados con los correspondientes certificados médicos.

Allanamientos y detenciones

La causa en contra de las imputadas se inició a partir de una denuncia anónima que indicaba que en un sector del capitalino barrio La Católica funcionaba un punto de venta de drogas, lo cual motivaron tareas de vigilancia por parte de personal policial de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que obtuvo fotografías y filmaciones que fueron aportados a la fiscalía.

Con dichas evidencias se solicitó a un juez de Control y Garantías que ordene allanamientos, detenciones de los involucrados y el secuestro de drogas y todo elemento vinculado a la causa, procedimientos que fueron llevados a cabo en diciembre de 2025, procediéndose a las detenciones de Lucas Nahuel Hernández, quien fue sindicado de ser el proveedor, Eloisa del Carmen Coronel y sus hijos Cristian y Noelia Coronel.

Los efectivos también secuestraron casi un kilo de cocaína fraccionada para la venta, más de 2.500.000 millones de pesos en efectivo, 10 teléfonos celulares, recortes de nylon y otros elementos que se utilizaban para el fraccionamiento de la droga, además de incautar una planta de cannabis sativa de 65 cms. de alto.

Les dictan la preventiva

En febrero de este año la jueza Érika Casagrande dictó la prisión preventiva para Hernández, Eloisa Coronel y Cristian Coronel, siendo posteriormente incorporada al legajo Noelia Coronel, quien siguió el mismo derrotero procesal de sus familiares. Las defensas impulsaron recursos de apelación pero tales planteos fueron infructuosos porque fueron rechazados.

Tras la exhaustiva investigación la fiscalía pudo determinar los roles que cumplían cada uno de los imputados, endilgando a Hernández ser el proveedor de la droga, además de dedicarse a distribuir la sustancia bajo la modalidad delivery en la venta al menudeo. A Eloisa Coronel achacó realizar la venta de la sustancia en su domicilio, en tanto que Cristian Coronel acopiaba la droga y el dinero en su vivienda

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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