El debate en el Senado por la reforma del régimen de Zona Fría puso en el centro de la escena política el futuro de los subsidios a la tarifa de gas natural para más de cuatro millones de hogares.

La iniciativa impulsada por el oficialismo busca recortar el alcance territorial fijado por la ampliación normativa de 2021, argumentando la necesidad de ordenar las cuentas públicas y terminar con los beneficios tarifarios generalizados.

Desde la Secretaría de Energía, encabezada por María del Carmen Tettamanti, explicaron que el fondo fiduciario financiado mediante un recargo sobre el precio del gas resulta técnicamente insuficiente para cubrir las bonificaciones vigentes del 30% al 50%.

La propuesta oficial restringe la asistencia territorial automática a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Con esta reestructuración, el Poder Ejecutivo proyecta un ahorro fiscal de hasta 480.000 millones de pesos, trasladando a unos 1,6 millones de usuarios fuera del beneficio geográfico para integrarlos al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados según su nivel socioeconómico.

Además, el texto modifica el mecanismo de cálculo de la bonificación, la cual pasará a aplicarse únicamente sobre el costo del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

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