La investigación judicial que involucra a la concesionaria Furth Automotores S.A. sumó un nuevo capítulo este 16 de septiembre, cuando el Ministerio Público Fiscal de La Banda, a cargo de los Dres. Victoria Ledesma y Diego Cortés, amplió la imputación contra Gerardo Ángel Caro, ex apoderado y gerente general de la firma. La acusación lo ubica como jefe y organizador de una asociación ilícita junto a Matías Llado y Graciela Moyano, destinada a cometer maniobras defraudatorias reiteradas en perjuicio de clientes.

De acuerdo con la imputación, la organización habría funcionado entre 2024 y 2026, utilizando la estructura administrativa y comercial de la concesionaria para aparentar normalidad en las operaciones mientras los fondos entregados por clientes eran desviados o reasignados irregularmente. Se describen prácticas como la utilización de pagos de un cliente para cubrir obligaciones de otro, la entrega de vehículos sin cancelación completa y la disposición discrecional de fondos.

El caso tomó mayor fuerza con la declaración de Alejandro Trucco, quien afirmó haber entregado USD 18.000 en mano a Caro, dinero que luego fue asignado a otra operación. A ello se suman testimonios de empleados de la firma, como Facundo Bustamante, Cristian Soria y Patricia Montenegro, quienes señalaron que las operaciones en dólares eran autorizadas por Caro y canalizadas a través de casas de cambio.

La investigación también incorporó informes bancarios y auditorías que revelan movimientos sospechosos. Entre ellos, dos transferencias desde cuentas personales de Caro por 5 y 10 millones de pesos en mayo y julio de 2026, además de extractos de la cuenta Santander de la empresa que mostraban un saldo de aproximadamente 8 millones de pesos.

En su declaración ampliada, Caro negó haber formado parte de una organización delictiva y rechazó el rol de jefe que se le atribuye. “Nunca participé en maniobras irregulares. Los testimonios fueron influenciados por los actuales directivos de la empresa”, sostuvo, agregando que las evidencias “no son suficientes para acreditar los nuevos hechos”.

El Ministerio Público Fiscal, sin embargo, considera que los elementos reunidos muestran un patrón organizado y estable de actuación conjunta. La acusación se apoya en la reiteración temporal de las maniobras, la coincidencia de mecanismos y la posición jerárquica de Caro, que le habría permitido coordinar y autorizar operaciones irregulares.

La defensa, encabezada por el Dr. Guillermo Ruiz Alvelda, insiste en que no existen pruebas concluyentes y que la imputación se basa en testimonios condicionados. Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación, con la Unidad Fiscal analizando movimientos bancarios, declaraciones y pericias contables.

Este nuevo giro judicial coloca a Caro, Llado y Moyano en el centro de una de las investigaciones más resonantes de los últimos años en Santiago del Estero, vinculada a la comercialización irregular de vehículos y al perjuicio económico sufrido por decenas de clientes de la concesionaria.