La justicia provincial ratificó la prisión preventiva de Juan Delfín Hoyos y Enrique Galván Carrizo, acusados de integrar una red de comercialización de estupefacientes en la localidad de Monte Quemado. La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones y Control en lo Penal, que rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó lo dispuesto por el juez de Control y Garantías.

El caso se inició en la justicia federal en el año 2024, cuando una mujer entregó espontáneamente una mochila con tres kilos de droga en una garita policial, señalando que pertenecía a su pareja. A partir de allí, la Unidad Fiscal de Monte Quemado, a cargo de los doctores Santiago Bridoux y Gabriel Gómez, desplegó una investigación que incluyó escuchas telefónicas durante más de un año, allanamientos y seguimientos financieros. Según el expediente, Hoyos habría movilizado cerca de 37 millones de pesos en tres meses, sin justificar actividad laboral alguna.

En los allanamientos realizados en diciembre de 2025 se secuestraron drogas fraccionadas, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización. En el domicilio de Hoyos se hallaron envoltorios con cocaína y marihuana, además de un cuaderno de anotaciones y $2.836.500 en efectivo. En el inmueble de Galván Carrizo se encontraron casi un kilo de marihuana enterrada en distintos sectores del predio, junto a una balanza y teléfonos celulares.

Las defensas intentaron que se modificara la calificación legal a tenencia simple, argumentando que la cantidad secuestrada era ínfima y que no existían pruebas suficientes de comercialización. También solicitaron la excarcelación y, en el caso de Hoyos, prisión domiciliaria por razones de salud. Sin embargo, la Cámara consideró que los elementos reunidos —escuchas, movimientos bancarios, ocultamiento de la droga y coordinación con otros imputados— son compatibles con la figura de tenencia con fines de comercialización prevista en el artículo 5 de la Ley 23.737.

El tribunal destacó además la complejidad de la causa, que involucra a varios imputados, fuerzas federales y provinciales, y hasta un prófugo con pedido de captura internacional. En ese contexto, se verificaron riesgos procesales concretos, como la posibilidad de entorpecer la investigación o influir sobre testigos en una localidad pequeña como Monte Quemado.

Respecto al pedido de prisión domiciliaria para Hoyos, la Cámara señaló que el informe forense concluyó que puede continuar su tratamiento médico estando privado de libertad, por lo que no se verifican los requisitos legales para esa alternativa.

Con esta decisión, la justicia provincial reafirma el trabajo de la Unidad Fiscal de Monte Quemado representada por el fiscal Luis Gabriel Gómez, quienes sostuvieron la acusación y remarcaron la existencia de una organización dedicada al tráfico de drogas en la zona norte de la provincia. La causa continuará con nuevas pericias sobre los dispositivos telefónicos secuestrados y con la preparación de la requisitoria fiscal para su eventual elevación a juicio.