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Judiciales

Condenaron a cuatro peruanos acusados de estafas y les aplicaron penas de prisión en suspenso

Los inculpados fueron excarcelados. Hay una mujer implicada, que se encuentra embarazada y con domiciliaria en Buenos Aires.

El juez de Control y Garantías, Dr. Fernando Paradelo, homologó el acuerdo que le presentaron la fiscal Eugenia Callegaris y la abogada Eliana Frías, defensora de César Alberto Flores Rodríguez y Walter David Cordero Vargas, ambos considerados coautores de los delitos de estafa por uso de tarjeta de crédito y/o débito, uso de DNI falso en concurso ideal de delitos, José Carlos Pacheco Sánchez y Nilton Jony Rubio Astupinaro, ambos acusados de ser partícipes necesarios de los delitos antes mencionados, a todos los cuales el magistrado aplico una pena de tres años de prisión en suspenso.

Los inculpados habían sido detenidos el 6 de noviembre de 2025 en un céntrico hotel de la Capital santiagueña, y en la ocasión les secuestraron una importante cantidad de DNI falsos, como también tarjetas de crédito y débito, con las cuales perpetraban las estafas.

Según las investigaciones policiales, los acusados integraban una organización delictiva orientada a ejecutar estafas bancarias y virtuales, utilizando la documentación adulterada para tramitar de forma ilegítima préstamos de dinero en efectivo en entidades crediticias.

En la causa también está imputada Agustina Ruiz, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires, la cual se encuentra embarazada. Esta inculpada no aceptó el acuerdo por un juicio abreviado, por lo cual prosigue el proceso en su contra.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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