La Cámara de Apelaciones del Tribunal de Alzada dio a conocer en los últimos días una resolución que confirma la absolución lisa y llana de dos funcionarias policiales que habían sido llevadas a juicio oral por la figura de calumnias e injurias, según confirmo la defensa de las mismas encabezada por el Doctor Franco Cejas Escalada, en una querella iniciada por quien fuera comisario de la Comisaría Cuarta del Menor y la Mujer. El fallo ratifica en todos sus términos la decisión del tribunal unipersonal que en 2023 había absuelto a las imputadas, al considerar que no existía delito en sus declaraciones.

Según Escalada la causa se remonta al año 2020, cuando una de las policías puso en conocimiento de su superior inmediata —también mujer policía— situaciones de incomodidad y gesticulaciones inapropiadas por parte del comisario. Ambas decidieron elevar la denuncia a la jefatura departamental, siguiendo la línea jerárquica correspondiente. El hecho trascendió el ámbito interno de la fuerza y cobró estado público, lo que derivó en un sumario administrativo contra el comisario, quien fue apartado de su cargo y puesto a disponibilidad.

Ante esa situación, el comisario consideró lesionado su buen nombre y honor y decidió iniciar una querella particular contra las dos agentes, acusándolas de calumnias e injurias. El proceso se desarrolló en 2023 bajo la modalidad de juicio oral y público, aunque en este caso la acción penal no estuvo en manos del Ministerio Público Fiscal, sino del querellante particular. El tribunal unipersonal resolvió entonces absolver a las imputadas, al entender que no se había acreditado el “animus injuriandi”, es decir, la intención de injuriar.

El querellante apeló aquella decisión, pero el 26 de agosto pasado la Cámara de Apelaciones confirmó la absolución en todos sus términos. El fallo cobra relevancia porque, además de ratificar la inexistencia del delito, sienta un criterio en materia de libertad de expresión y derecho a peticionar ante las autoridades. Los jueces entendieron que las policías actuaron dentro de los canales institucionales y jerárquicos correspondientes, sin que pudiera probarse una intención de agravio.

La resolución también pone en evidencia la asimetría de poder existente en aquel momento entre las denunciantes y el comisario, y resalta que el derecho penal encuentra límites cuando se enfrenta a derechos de raigambre constitucional, como el de denunciar situaciones de acoso o incomodidad en el ámbito laboral.

De esta manera, la Cámara de Apelaciones no solo ratificó la absolución de las dos funcionarias policiales, sino que además envió un mensaje claro sobre la importancia de garantizar que los trabajadores puedan recurrir a las autoridades sin temor a represalias judiciales.

El fallo se convierte en un antecedente significativo dentro de la justicia provincial, al reafirmar que las denuncias realizadas en el marco institucional no pueden ser interpretadas como injurias, sino como el ejercicio legítimo de derechos fundamentales.