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El Gobierno buscará garantizar un nuevo monto de ingresos antes del debate por el salario mínimo

La Secretaría de Trabajo de la Nación impulsa que, en la renegociación de convenios colectivos, se garantice un salario mínimo de al menos $1.000.000 para agosto de 2026. Desde el Gobierno confirmaron a TN: “lo tienen que negociar sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos”, señalaron voceros oficiales.

La propuesta del Ejecutivo se trabaja por vía de convenios entre sindicatos y cámaras patronales; el Estado actuaría luego mediante la homologación. Es distinta al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se aplica a trabajadores sin representación colectiva y hoy está en $376.600, según la última actualización oficial de agosto.

El Consejo del Salario, del que participan Estado, sindicatos, empleadores y gobiernos provinciales, tiene prevista una reunión el viernes para revisar el piso. La CGT y las dos CTA reclamaron que el encuentro sea presencial; el pedido fue rechazado por la Secretaría, que mantuvo la convocatoria en formato virtual. Las centrales sostienen que afecta ingresos laborales.

El ajuste que acuerde el Consejo influirá en la prestación por desempleo, que se calcula como el 75% de la mejor remuneración de los seis meses previos al cese. Además, el Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para discutir una nueva suba salarial del personal doméstico el 21 de agosto.

En diciembre pasado el Ejecutivo aplicó un laudo con aumentos en diez tramos porque las partes no llegaron a un acuerdo; la última suba del haber mínimo fue en agosto, cuando se fijó el monto del SMVM. Fuentes oficiales señalaron que el mecanismo actual busca ordenar las negociaciones por rama.

La CGT advirtió con reservas y pidió que el ingreso básico refleje el costo real de la canasta familiar, que actualmente se estima en $1.564.716. Desde la central sostienen que cualquier piso que quede por debajo de ese número no cubre la necesidad de una familia tipo, y exigieron mayores precisiones al Gobierno.

Radio Mitre

Nacionales

“Si no es ahora, nunca lo será”: Argentina insistió ante el Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera británica en Malvinas

La Argentina volvió a reclamar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que se impida el avance de la explotación petrolera británica en las islas Malvinas. Durante su alegato final, el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen cuestionó la posición del Reino Unido sobre la soberanía del archipiélago y solicitó que los jueces dicten medidas cautelares para evitar el inicio de la extracción de hidrocarburos en la zona en disputa.

En su exposición, Kohen recordó que las Malvinas continúan incluidas en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, cuyo proceso de descolonización todavía está pendiente. También sostuvo que la controversia involucra tanto la soberanía territorial como los espacios marítimos y señaló que la Asamblea General de la ONU y su Comité de Descolonización tienen la responsabilidad de supervisar ese proceso.

El equipo argentino defendió la necesidad de que el Tribunal del Mar intervenga antes de que comiencen las tareas de extracción. En ese sentido, el jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que el inicio de las perforaciones modificaría de manera irreversible la situación actual. “Una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”, afirmó.

Schrijver remarcó que el tribunal es la única instancia que podría actuar a tiempo para evitar ese escenario. “Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será”, sostuvo durante su intervención.

El proyecto Sea Lion cuenta con una inversión definitiva aprobada en 2025 y está a cargo de la compañía israelí Navitas, que posee el 65% de participación, y de la británica Rockhopper, con el 35% restante. El plan contempla la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de 30 años, mediante la perforación de hasta 26 pozos y la instalación de un sistema de producción en el lecho marino.

El jurista también hizo hincapié en las consecuencias ambientales y materiales que podría generar la iniciativa. “Ese daño es irreparable: la plataforma continental quedará modificada permanentemente, el petróleo una vez extraído no regresará al yacimiento”, señaló. Además, planteó que una decisión judicial posterior no podría revertir los efectos de la explotación.

Radio Mitre

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