El Gobierno aseguró que el amarre del buque británico VS PROMISE en el muelle comercial de Ushuaia no violó ninguna normativa, pese al fuerte rechazo expresado por autoridades de Tierra del Fuego. El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que la embarcación había cargado crudo en la cuenca y luego ingresó al puerto fueguino para aprovisionarse.

Ravier defendió la postura oficial y sostuvo que “el accionar del buque no viola ninguna ley”. Según explicó, la monoboya utilizada para cargar petróleo se encuentra bajo jurisdicción de Tierra del Fuego y la Ley Gaucho Rivero limita su alcance a determinadas actividades de exploración y explotación vinculadas con la cuenca de Malvinas.

Desde la Casa Rosada descartaron que la operación implique una pérdida de soberanía y destacaron que el aprovisionamiento generó actividad económica en Tierra del Fuego. Además, señalaron que la operación contó con las autorizaciones provinciales y nacionales correspondientes.

El Ejecutivo también sostuvo que la normativa vigente no establece una prohibición general para el ingreso de embarcaciones vinculadas con el Reino Unido. Por ese motivo, consideró que no existían fundamentos legales para impedir que el buque ingresara y permaneciera en la terminal portuaria de Ushuaia.

El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, calificó el episodio como “sumamente grave” y aseguró que no existen antecedentes similares. El funcionario reclamó explicaciones a la Nación y cuestionó que se haya permitido el atraque por la sensibilidad que genera la cuestión de las Islas Malvinas y la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

Dachary fue contundente al referirse a la situación de la provincia: “Somos una provincia invadida”. También advirtió sobre el destino del petróleo y cuestionó la política del Gobierno nacional respecto de la soberanía marítima y los recursos naturales.

Radio Mitre