Fernando Cerimedo, el consultor político detenido en Bolivia, fue trasladado al penal de Palmasola, la prisión a la que ahora deberá ir mientras avanza la investigación por el atentado contra su pareja. El traslado reaviva la atención sobre ese centro, célebre por su hacinamiento, las bandas internas y las condiciones que describen informes y testimonios.

Diseñada en los años setenta para albergar a 600 presos, la cárcel se instaló en las afueras de Santa Cruz y ocupa unas 34 hectáreas. Según distintas fuentes oficiales, actualmente reúne cifras que van desde cuatro mil hasta seis mil internos. Además, casi el 80% están en detención preventiva, según la Defensoría del Pueblo.

Palmasola funciona como una pequeña ciudad dentro del encierro: los internos construyen o alquilan sus espacios, administran tiendas, restaurantes y mercados, y sostienen una economía propia. El control cotidiano queda en manos de organizaciones internas como la Disciplina Interna, mientras la guardia estatal suele limitarse a vigilar el perímetro exterior.

La violencia escaló con episodios que estremecieron al país, como el enfrentamiento del 23 de agosto de 2013: facciones rivales usaron tanques de propano como lanzallamas, perforaron paredes y provocaron una masacre que dejó 35 muertos y cerca de 70 heridos. El entonces ministro Carlos Romero reconoció la pérdida de control del Estado en los penales.

En los últimos años el penal se llenó de grupos delictivos, entre ellos el brasileño Comando Vermelho. En noviembre de 2025, dos miembros confesaron el asesinato del líder Remberto López, que fue abatido semanas después de llegar desde Cochabamba. También pasaron por Palmasola figuras investigadas por corrupción, como Marcelo Arce Mosqueira.

El papa Francisco visitó el penal en julio de 2015 y planteó: “Reclusión no es exclusión”. Durante el encuentro, internos describieron la crudeza del encierro: asesinatos presenciados y gente durmiendo en el piso. Testimonios y la propia mirada del pontífice pusieron en foco la falta de programas de rehabilitación y la lentitud judicial.

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