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Judiciales

El millonario desfalco en concesionaria amenaza replicar en Volkswagen de Buenos Aires

Todos los caminos oscuros parecen conducir a Gerardo Caro y Matías Llado. Ambos, se tiran con munición dura y advertencias de llevarse puestas a gente de arriba.

La investigación por el presunto descalabro millonario en Fürth Automotores amenaza replicar en las oficinas porteñas de Volkswagen, tras dos requerimientos delicados interpuestos por Marcelo Sgoifo, querellante, y Javier Leiva, abogado defensor de la ex cajera detenida, Graciela Moyano.
Sgoifo pidió a los fiscales investigar las cuentas del año 2023. En ese período, el ex gerente, Gerardo Caro, “solicitó que le sea duplicado un crédito millonario” en Volkswagen y ofreció en garantía unidades 0 kilómetro, cuya autenticidad solo brillaba en el sistema de la firma que opera en calle Libertad.
Por su parte, Javier Leiva reclamó que “… sean citados a testimoniales a los directivos” de la fábrica, renuente en aceptar como palabra santa las cifras de la concesionaria y las del acorralado Gerardo Caro.
Transformada la causa en prioritaria para los fiscales, Victoria Ledesma y Diego Cortes, a un mes de aquel 15 de julio, hoy los actores prescindieron de las sutilezas: Llado acusó a Caro de regalarle un auto 0 km a su esposa y blanquearlo con cuotas de fantasía. Nunca precisó de donde -sospecha- salieron los más de $40 millones para armonizar el Debe y el Haber en el sistema de la concesionaria.
A su turno, Caro indicó que Llado, sobrino de unos de los socios de apellido Figueroa, se movía con facultades extraordinarias y no respetaba jerarquía alguna. Es decir, acusó a Llado de vender y negociar autos, como si no tuviese que dar explicaciones a nadie.
En una conferencia de prensa, con tiros por elevación hacia las cabezas de la firma, sus ex patrones, Caro afirmó que la defraudación ronda los $5.600 millones, muy por encima de los originales $300 millones.
Aseguró que los libros no desnudan fielmente la magnitud del desfalco. Sin tapujos, arriesgó que los socios algo ocultan, ya que al denunciar el hecho (el 15 de julio) arribaron a Santiago del Estero “recién una semana después” y lo culparon por acudir a la Justicia.
Abstrayéndonos de la estrategia de Caro y Llado, la investigación pareciese desnudar inocultables falencias: Caro era la cabeza de la firma, pero cayeron presos solo dos subalternos.
Transcurrieron 35 días y los testigos proveyeron cifras, fechas y nombres como para que los fiscales se hicieran un festín de imputaciones, los cuales detallamos a continuación:
DINERO. Los clientes pagaban millones por sus transportes, pero era Caro quien definía cuándo sería asentado en el sistema.
IRREGULARIDADES. Sgoifo denunció que muchas unidades salían a la calle sin documentación.
DOBLES. También que hay personas que tendrían los vehículos y otras su documentación. Un policía arriesgó autos y 4 x 4 dobles y fantasmas.
GITANOS. Habría una pareja de gitanos que compró dos vehículos nuevos. Pagó por uno $40 millones y por otro, más de $20 millones. Sin embargo, solo habría asentado el de $40 millones.
CUEVAS TUCUMANAS. Llado habría operado con usureros y cuevas de Tucumán.
PLATA DULCE. Habría clientes que vendían sus unidades. Luego, asistían a la concesionaria y les pagaban con cajas llenas de plata, pero sin recibos.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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