La Cámara de Apelaciones de Santiago del Estero trató este martes los recursos presentados en la causa por el robo de granos en un campo de la localidad de Quimilí. La audiencia contó con la exposición del fiscal de la Unidad Fiscal de Tierras, Nicolás Heredia y el Dr. Migue Torresi, y de los abogados defensores de los cinco imputados. El tribunal informó que la resolución se conocerá por escrito en los próximos días.

El caso se remonta a 2021 y tiene como eje un hecho ocurrido durante la noche. De acuerdo con la investigación, un grupo de personas ingresó a un establecimiento rural a bordo de un camión con acoplado. Allí procedieron a romper un silobolsa y cargaron maíz y soja utilizando baldes. Para la Fiscalía, se trató de un accionar coordinado con una clara división de tareas.

«El Ministerio Público Fiscal considera que cuenta con elementos suficientes para elevar la causa a juicio. Nosotros entendemos que hay evidencias claras y concisas para mantener la calificación legal del robo calificado en despoblado y en banda», afirmó Heredia en diálogo con la prensa. La defensa, en cambio, solicitó el cambio de calificativa a hurto campestre, una figura penal de menor gravedad.

El fiscal sostuvo que no se trató de un hecho improvisado. «Llegaron al lugar no solamente con un medio de transporte adecuado para la movilización del maíz, sino con elementos para ingresar al campo y violentar el silobolsa. También con la cantidad de personas necesarias para realizar la carga», detalló Heredia para justificar la preordenación.

Uno de los ejes del debate pasó por la participación de cada imputado. Los abogados Diego Lindow y Jorge Navarro plantearon nulidades y pidieron que dos de los acusados, que se desempeñaban como choferes, sean considerados solo como encubridores. Argumentaron que desconocían el accionar ilícito del resto del grupo.

La Fiscalía rechazó esa postura. Según Heredia, el horario y la modalidad de la carga no eran los habituales para la actividad agrícola. «Siendo que son personas que se dedican a la actividad agrícola, no podían desconocer que los hechos y las circunstancias se correspondían con un hecho ilícito», señaló el fiscal.

El doctor Jorge Navarro también expuso los argumentos de la defensa de sus asistidos. Planteó la nulidad de la requisitoria fiscal y pidió encuadrar la conducta de sus clientes en la figura de hurto agravado, conocida como hurto campestre. Además, reveló el trasfondo del conflicto: los imputados habrían ingresado al campo amparados en una sentencia civil favorable.

«Estamos ante una disputa civil que tenían las partes. Nuestros defendidos habían recibido una sentencia favorable en sede civil respecto a recuperar el inmueble rural. El denunciado era en realidad el usurpador del inmueble», sostuvo Navarro. El letrado aseguró que el ingreso no tuvo como objetivo cometer un ilícito, sino recuperar un campo familiar que estuvo casi veinte años en litigio.

El tribunal deberá ahora analizar las posturas contrapuestas y resolver si mantiene la calificación de robo en banda o hace lugar al pedido de las defensas. La decisión se tomará por escrito, por lo que no habrá una nueva audiencia para escuchar el veredicto.