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Nacionales

El Gobierno oficializó la aprobación de un nuevo RIGI en Vaca Muerta: la inversión total será de 12 mil millones de dólares

El Gobierno formalizó la incorporación al RIGI del proyecto Bajo del Choique–La Invernada, que Pluspetrol desarrollará en Vaca Muerta. La aprobación quedó establecida mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial el lunes 19 de octubre, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipara la novedad durante la Argentina Week de París.

La inversión prevista asciende a US$ 12.240 millones y estará destinada a explorar, producir, procesar y transportar hidrocarburos no convencionales. Según las estimaciones oficiales, el emprendimiento podría generar exportaciones por unos US$ 2.300 millones anuales y alrededor de 2.300 puestos de trabajo durante las distintas etapas de su desarrollo.

El programa se extenderá durante un cuarto de siglo y tiene como meta superar los 100.000 barriles diarios de petróleo. Para alcanzar ese volumen, Pluspetrol prevé perforar más de 620 pozos horizontales, instalar cuatro plantas de procesamiento y construir infraestructura para evacuar la producción del área.

El despliegue será progresivo. En una primera fase, la compañía proyecta alcanzar 50.000 barriles de petróleo por día y producir 6.000 millones de metros cúbicos de gas. En una segunda instancia, el objetivo es elevar esos niveles a más de 100.000 barriles diarios de crudo y 12.000 millones de metros cúbicos de gas.

Las cuatro plantas se ubicarán en diferentes sectores del yacimiento y funcionarán integradas con tres equipos de perforación asignados al proyecto. El plan contempla avanzar a un ritmo promedio de 41 pozos por año, una actividad que requerirá inversiones sostenidas y obras para procesar y trasladar los hidrocarburos extraídos.

Pluspetrol adquirió el área a ExxonMobil en 2024, por US$ 1.700 millones, y había anunciado en abril su presentación al régimen de incentivos. La empresa podrá acceder a los beneficios del RIGI para actividades no convencionales de exploración y producción, tras una ampliación de las condiciones habilitadas por el Gobierno.

Radio Mitre

Nacionales

La Justicia declaró institucional la fórmula jubilatoria durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó recalcular un haber

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el esquema de movilidad previsional creado por la Ley 27.609 durante la gestión de Alberto Fernández. En una causa individual contra la Anses, el tribunal ordenó recalcular el beneficio de un jubilado y pagar las diferencias que resulten del nuevo cálculo.

Los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque consideraron que la fórmula jubilatoria generó una pérdida de poder adquisitivo del 46,83% entre marzo de 2021 y marzo de 2024, período en el que estuvo vigente. Según el fallo, los haberes subieron 553,55% con ese mecanismo, frente a un 1.129,07% según un parámetro vinculado a la inflación.

Para los magistrados, el sistema no contemplaba una variable relacionada con los precios ni una herramienta que protegiera el valor real de las prestaciones. Aunque la fórmula no presentaba objeciones cuando fue aprobada, el avance inflacionario que comenzó en 2022 dejó expuesta, según la resolución, una falencia de diseño que afectó a los ingresos previsionales.

“La aceleración inflacionaria desatada a partir de 2022 puso de manifiesto el defecto estructural de prescindir de una variable vinculada a los precios”, expresó uno de los votos que integró la sentencia. A partir de ese análisis, la Cámara dispuso que la Anses vuelva a calcular el haber del demandante y abone los montos adeudados que surjan de la liquidación.

El tribunal también aclaró que los bonos y refuerzos extraordinarios pagados durante esos años no forman parte del haber previsional ordinario. Los consideró ayudas de carácter asistencial y señaló que no llegaron a todos los jubilados en las mismas condiciones. Por ese motivo, esos pagos quedaron fuera de la comparación utilizada para analizar el efecto de la fórmula jubilatoria.

La resolución no ordena actualizar de manera generalizada las jubilaciones ni genera un aumento automático para quienes cobran prestaciones de la Anses. Como se trata de una causa particular, los beneficiarios que busquen una respuesta similar deberán iniciar su propio reclamo judicial. El resultado dependerá de las circunstancias y pruebas de cada expediente.

Radio Mitre

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