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Causa ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por una presunta segunda causa de corrupción

El juez federal Ariel Lijo volvió a dictar el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en una investigación distinta de la que ya lo tenía bajo análisis. La causa ANDIS examina posibles irregularidades en contratos para adquirir insumos médicos y ortopédicos destinados a beneficiarios del Programa Incluir Salud.

El expediente busca establecer si funcionarios y empresarios habrían coordinado mecanismos para orientar las contrataciones hacia proveedores determinados y obtener beneficios económicos. Las sospechas se vinculan con compras para personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con una cobertura médica específica. Por el momento, se trata de hechos bajo investigación judicial.

De acuerdo con la resolución, este tramo analiza operaciones que habrían implicado un desembolso de $75,5 millones. Las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El juez dispuso procesamientos sin prisión preventiva y extendió la medida a personas que ya estaban incluidas en el expediente.

La pesquisa abarca adquisiciones de prótesis, implantes cocleares, elementos quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. El objetivo es determinar si hubo irregularidades en los procedimientos y en la selección de proveedores. También se examinan diferencias entre los valores pagados por el Estado y los precios tomados como referencia.

Al comparar los montos de distintos insumos y medicamentos, las estimaciones reunidas en el expediente superan los $7.800 millones. Esa cifra corresponde al conjunto de las diferencias señaladas en las actuaciones y no al gasto atribuido exclusivamente a este segundo tramo. La fiscalía busca reconstruir cómo se concretaron las compras y quiénes intervinieron.

Además de Spagnuolo, la decisión alcanza a los exfuncionarios Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvette, a Ornella Calvette y a empresarios vinculados con firmas proveedoras. En total, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva. A otras cinco, que ya estaban imputadas en la causa, se les amplió el procesamiento.

Radio Mitre

Nacionales

Renunció Ariel Waissbein, titular de ciberseguridad del Gobierno, y el plan estatal quedó en espera

La renuncia de Ariel “Wata” Waissbein al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) abrió interrogantes sobre el rumbo de la protección digital estatal. El funcionario dejó el cargo a fines de octubre, en medio de tensiones internas y cambios en el área, mientras crece el debate sobre la participación de Estados Unidos y China en la infraestructura tecnológica estratégica.

El alejamiento se produjo después de que se cancelara una jornada organizada por el CNC para reunir a empresas y avanzar con el centro nacional de operaciones. También renunció el subdirector Ezequiel Gutesman y, días más tarde, fue apartado Ariel Cessario, coordinador del CERT.ar, el equipo que atiende incidentes informáticos en organismos públicos.

Durante su gestión, Waissbein promovió la creación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) nacional, con sede en instalaciones de ARSAT en Benavídez. La propuesta apuntaba a concentrar allí la vigilancia de redes estatales, detectar ataques en tiempo real, coordinar respuestas y fortalecer el resguardo de información sensible.

El diseño del equipo saliente preveía usar herramientas de código abierto y servidores propios de ARSAT, para contener costos y reducir la dependencia de servicios contratados fuera del país. También incluía sumar especialistas y ampliar la capacidad operativa del organismo, en un contexto de ataques informáticos contra distintas dependencias públicas.

La transición coincide con dos líneas de financiamiento. En octubre, la Embajada de Estados Unidos anunció un programa de 15 millones de dólares para apoyar la instalación del centro y revisar la seguridad de la infraestructura de ARSAT. A ese aporte se suma un préstamo de 30 millones de dólares aprobado por el BID, también destinado a fortalecer la infraestructura digital estatal.

Por ahora, no se definió cómo se articularán esos recursos ni cuál será el esquema para ejecutarlos. A la vez, Walter Agüero, nuevo director del CNC, firmó una disposición que establece requisitos de seguridad para próximas contrataciones. Especialistas advierten que las condiciones podrían limitar la participación de firmas chinas, entre ellas Huawei y ZTE, en compras estratégicas.

Radio Mitre

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