La Justicia de Monte Quemado resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Franco Daniel Ruiz Torrez, Cristian Maximiliano Ruiz Torrez, Mauro René Gómez y Sergio Alberto Zalazar, en una causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La medida fue dispuesta por el juez de Control y Garantías Facundo Sayago, tras un pedido impulsado por la Unidad Fiscal de Monte Quemado, en cabeza de los doctores Santiago Bridoux y Luis Gabriel Gómez.

La investigación comenzó en mayo de este año a partir de denuncias de vecinos del barrio Municipal de Monte Quemado, quienes alertaron sobre una supuesta actividad de venta de drogas en una vivienda de calle Santiago del Estero. A partir de esos reportes, personal de Drogas Peligrosas realizó tareas de vigilancia e identificación de personas que frecuentaban el lugar, recopilando fotografías, testimonios y otros elementos de prueba.

Según la resolución judicial, durante los allanamientos realizados el 17 de julio se secuestraron envoltorios con sustancia que dio resultado positivo para cocaína en las pruebas de campo, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza con restos de droga y armas de fuego. También se encontraron sustancias fraccionadas en distintas presentaciones, un elemento que para los investigadores resulta compatible con la comercialización.

La Fiscalía sostuvo que los elementos reunidos permiten sospechar que los imputados formaban parte de una estructura dedicada a la venta de estupefacientes. Entre las evidencias mencionadas figuran observaciones previas realizadas durante varias semanas, denuncias vecinales, secuestro de dinero y droga, y testimonios obtenidos durante la investigación.

Durante la audiencia, las defensas rechazaron la acusación y pidieron la libertad de los imputados. Los abogados argumentaron que las cantidades secuestradas eran compatibles con consumo personal y solicitaron que los hechos fueran investigados como tenencia simple de estupefacientes, una figura de menor gravedad. También remarcaron que algunos de los acusados tienen domicilio fijo, familia, actividad laboral y carecen de antecedentes penales.

Sin embargo, el juez consideró que todavía existen numerosos puntos por esclarecer y que la investigación se encuentra lejos de haber concluido. Entre las medidas pendientes figuran los resultados definitivos de los análisis químicos, el estudio de los teléfonos celulares secuestrados, la determinación del origen del dinero hallado y nuevas declaraciones testimoniales.

Uno de los fundamentos centrales de la resolución fue el riesgo de que los imputados puedan entorpecer la investigación si recuperan la libertad. El magistrado entendió que existe la posibilidad de que coordinen versiones, se comuniquen entre sí o influyan sobre personas que todavía deben declarar, especialmente teniendo en cuenta que la pesquisa involucra a varias personas y una importante cantidad de evidencia aún en análisis.

Por ese motivo, el juez Sayago resolvió mantener detenidos a los cuatro acusados mientras avanza la causa y rechazó los pedidos de excarcelación y de cambio de calificación legal formulados por las defensas. Al mismo tiempo, ordenó al Ministerio Público Fiscal que profundice las diligencias pendientes con la mayor celeridad posible para avanzar hacia una definición de fondo en uno de los expedientes por narcotráfico más importantes que actualmente se investigan en el norte santiagueño.