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Judiciales

Confirmaron las condenas para «profe» y dos alumnos acusados de violar a una joven discapacitada

Un Tribunal de Alzada ratificó las penas de 11 años de prisión aplicadas al docente, y de 8 impuesta a los cómplices, todos oriundos de Los Pirpintos (Copo).

En el marco de una audiencia celebrada en agosto de 2025, el abogado Gustavo Jorge -a cargo de defensa técnica de Antonio Legunda –el docente- y de Cristian Alejandro Gómez y Walter Alejandro Martín González -los alumnos- los cuales habían sido condenados tras ser hallados culpables de haber violado a una joven con retraso madurativo, hecho ocurrido dentro de un establecimiento escolar situado en Los Pirpintos (Copo), requirió que se revoque las condenas que les impuso un Tribunal de Juicio en noviembre de 2023, por considerar que existía una “arbitrariedad manifiesta” en el veredicto.

Datos sobre el hecho

El hecho ocurrió en septiembre de 2020, cuando la víctima regresaba a su domicilio y fue interceptada por dos de los acusados. Luego, estos se comunicaron telefónicamente con el «profe», quien se presentó en el lugar a bordo de una camioneta. Según se acreditó durante el proceso, los tres hombres obligaron a la víctima a subir al vehículo y la trasladaron hasta una escuela, cuyas llaves tenía el docente, y dentro del establecimiento escolar la sometieron sexualmente.

Argumentos del defensor

El abogado defensor advirtió que el Tribunal de Juicio “prescindió de analizar la teoría del caso propuesta por la defensa técnica, omitió fundamentar los planteos nulificantes articulados por la misma, y “también omitió fundamentar los rechazos a los planteos defensivos impulsados a favor de mis asistidos, mediante los cuales se buscaba la exclusión de responsabilidad penal por inexistencia del hecho investigado», y cuestionó a los juzgadores por incurrir en un análisis parcializado y antojadizo de la prueba testimonial”.

“Además existió el agravante de omitir considerar que la supuesta víctima, por estrategia de fiscalía y pese a los insistentes pedidos de la defensa, nunca declaró durante el proceso, ni tampoco durante el debate, aunque sí lo hizo en una reconstrucción del hecho, que fue objetada también por la defensa ya que durante la misma, los imputados se autoincriminaron sin obtener ningún beneficio procesal, violando flagrantemente de esa forma, la prohibición de autoincriminación, el debido proceso y la defensa en juicio”, acotó el letrado.

El Dr. Gabriel Gómez, de la Unidad Fiscal para la jurisdicción Copo, se opuso tenazmente al planteo de la defensa, pidió rechazar cada uno de los planteos recursivos, y solicitó al Tribunal de Alzada que se confirme el veredicto dictado por el Tribunal de Juicio, por considerar que el fallo había sido adoptado conforme a Derecho.

Este jueves se conoció la resolución del tribunal integrado por las Dras. Ana Cecilia Vittar, Olga Gay e Inés Zamora, resolvió por unanimidad rechazar los recursos de la defensa y confirmó las condenas dictadas en diciembre de 2023. De esta manera, quedaron firmes las penas de 8 años de prisión efectiva para los dos alumnos y de 11 años de prisión efectiva para el docente.

Judiciales

Prorrogaron la detención para la contadora Nora Isabel Villarroya, imputada por estafas

La defensa de la inculpada, ejercida por el abogado Manuel Francisco Zavalía, había solicitado que la excarcelen por inexistencia de peligros procesales.

La Dra. María Pía Danielsen, jueza de Control y Garantías, rechazó los planteos de la defensa de la contadora Nora Isabel Villarroya, a quien le prorrogó la detención por el plazo legal de 15 días, por entender que los riesgos procesales, sobre todo el de entorpecimiento al accionar de la Justicia, se encontraban plenamente vigentes.

La Dra. Melisa Fadel Pagani, del Ministerio Público Fiscal, había solicitado que se rechacen las pretensiones de la defensa, fundamentando tal pedido en la necesidad de realizar diversas medidas de prueba y diligencias procesales, tendientes a determinar el rol y la responsabilidad que le cupo a Villarroya en los ilícitos endilgados, e incluso manifestó que se procura establecer la participación de otras personas en las maniobras fraudulentas, por lo que entendió que los peligros procesales estaban latentes.

El abogado Eugenio Chavarría, constituido en el proceso como querellante, se adhirió al criterio y al planteo efectuado por la fiscalía.

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