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Judiciales

Confirmaron las condenas para «profe» y dos alumnos acusados de violar a una joven discapacitada

Un Tribunal de Alzada ratificó las penas de 11 años de prisión aplicadas al docente, y de 8 impuesta a los cómplices, todos oriundos de Los Pirpintos (Copo).

En el marco de una audiencia celebrada en agosto de 2025, el abogado Gustavo Jorge -a cargo de defensa técnica de Antonio Legunda –el docente- y de Cristian Alejandro Gómez y Walter Alejandro Martín González -los alumnos- los cuales habían sido condenados tras ser hallados culpables de haber violado a una joven con retraso madurativo, hecho ocurrido dentro de un establecimiento escolar situado en Los Pirpintos (Copo), requirió que se revoque las condenas que les impuso un Tribunal de Juicio en noviembre de 2023, por considerar que existía una “arbitrariedad manifiesta” en el veredicto.

Datos sobre el hecho

El hecho ocurrió en septiembre de 2020, cuando la víctima regresaba a su domicilio y fue interceptada por dos de los acusados. Luego, estos se comunicaron telefónicamente con el «profe», quien se presentó en el lugar a bordo de una camioneta. Según se acreditó durante el proceso, los tres hombres obligaron a la víctima a subir al vehículo y la trasladaron hasta una escuela, cuyas llaves tenía el docente, y dentro del establecimiento escolar la sometieron sexualmente.

Argumentos del defensor

El abogado defensor advirtió que el Tribunal de Juicio “prescindió de analizar la teoría del caso propuesta por la defensa técnica, omitió fundamentar los planteos nulificantes articulados por la misma, y “también omitió fundamentar los rechazos a los planteos defensivos impulsados a favor de mis asistidos, mediante los cuales se buscaba la exclusión de responsabilidad penal por inexistencia del hecho investigado», y cuestionó a los juzgadores por incurrir en un análisis parcializado y antojadizo de la prueba testimonial”.

“Además existió el agravante de omitir considerar que la supuesta víctima, por estrategia de fiscalía y pese a los insistentes pedidos de la defensa, nunca declaró durante el proceso, ni tampoco durante el debate, aunque sí lo hizo en una reconstrucción del hecho, que fue objetada también por la defensa ya que durante la misma, los imputados se autoincriminaron sin obtener ningún beneficio procesal, violando flagrantemente de esa forma, la prohibición de autoincriminación, el debido proceso y la defensa en juicio”, acotó el letrado.

El Dr. Gabriel Gómez, de la Unidad Fiscal para la jurisdicción Copo, se opuso tenazmente al planteo de la defensa, pidió rechazar cada uno de los planteos recursivos, y solicitó al Tribunal de Alzada que se confirme el veredicto dictado por el Tribunal de Juicio, por considerar que el fallo había sido adoptado conforme a Derecho.

Este jueves se conoció la resolución del tribunal integrado por las Dras. Ana Cecilia Vittar, Olga Gay e Inés Zamora, resolvió por unanimidad rechazar los recursos de la defensa y confirmó las condenas dictadas en diciembre de 2023. De esta manera, quedaron firmes las penas de 8 años de prisión efectiva para los dos alumnos y de 11 años de prisión efectiva para el docente.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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