Los números bajan turbios en Los Pirpintos, Copo, y la Justicia acaba de pasarle factura a su ex comisionado municipal, Mario Vicente Vizgarra, quien desde mayo pasado (a 5 meses de dejar la gestión) enfrenta graves procesos por el desvío de casi $100.000.000. “Defraudación agravada” es la acusación del fiscal Mauricio Abramczuk, quien imputó a Vizgarra, docente de la región, pero también considerado un maestro para dibujar números coparticipables.
En mayo, Vizgarra fue imputado y este miércoles 9 de septiembre, le amplió los cargos y “pintó” los dedos.
En general, representa un proceso por supuesta corrupción, con varias aristas: por un lado, Vizgarra enfrenta reproches de quedarse con un campo repleto de cabritas, entregadas por la Provincia en ayuda a familias de escasos recursos.
También, una bomba de agua y equipos de energía solar. Estos elementos habían sido entregados también por el gobierno de la Provincia, pero en lugar de usarse para ayudar a toda la comunidad, el docente los habría utilizado en beneficio propio de su terreno privado.
El delito principal: Se lo investiga por presunta «defraudación agravada». La Justicia dice que recibió dinero para construir unas 10 casas para familias necesitadas, pero esas casas nunca se hicieron (las denominan «viviendas fantasmas»).

Orden cronológico
Todo comenzó en diciembre del 2025, a horas del cambio en el poder de la comisión. Un abogado lo denunció por “Desvío de fondos, desapoderamiento de fondos públicos, transferencias a familiares directos de Vizgarra, provenientes de dineros del Estado provincial, subsidios para obras y partidas públicas con cargos de rendición».
En abril del 2026, la abogada, Melisa Slamich, solicitó eximición de prisión para Vizgarra y le fue concedida por la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas.
En mayo, el fiscal Abramczuk lo imputó por supuesta «defraudación agravada». Según el denunciante, el ex comisionado se quedó con los dineros destinados a viviendas sociales para los lugareños, «Olga Beatriz Gallo, Raúl Eduardo Godoy, Julia Griselda Soria, Daniel Alejandro Serrano, Débora Johana Bravo, Paula Francisca Rodríguez, Johana Maité Vizgarra, Teresita Chávez, Agustina Carla Gómez y Gladys Verónica Toloza».
Siempre según la investigación, los vecinos de Los Pirpintos figuran en la documentación del Ministerio de Desarrollo Social como adjudicatarios de una vivienda, cuyo valor ascendería hoy a $10.500.000, es decir más de $100 M.
Entre los estafados, figurarían personas discapacitadas, un hombre postrado resultado de ACV isquémico.
«Mi tío no puede mover su cuerpo, menos el brazo, ni las manos. Lo único que alcanzamos es a una huella digital. Pero es imposible que saliera de casa para un acto, menos haber firmado papel alguno», señaló un sobrino del discapacitado.
Para el denunciante, Vizgarra montó una “estructura organizada de desvío de fondos públicos», también «un mecanismo sistemático de desapoderamiento de los fondos públicos, canalizados hacia cuentas privadas…»… y “fragmentación de fondos, reiteración, dispersión y uso de múltiples cuentas»; «malversación agravada, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita».