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Nacionales

Revés judicial para Tapia y Toviggino: revocaron el bozal legal para periodistas y dirigentes

La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro dejó sin efecto este jueves la medida cautelar que imponía un bozal legal sobre periodistas y dirigentes políticos, la cual les prohibía investigar o acercarse al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

El tribunal de alzada consideró que la disposición judicial vulneraba de manera directa la libertad de prensa y el derecho a la información sobre figuras públicas.

De esta forma, la resolución anuló la prohibición dictada previamente por el juez de Garantías de Pilar, Walter Saettone, la cual alcanzaba a los comunicadores Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa, así como a los referentes de la Coalición Cívica Leandro Camani, Matías Yofe y Facundo Del Gaiso.

El fallo del tribunal integrado por los jueces Gustavo Herbel, Luis Cayuela y Carlos Blanco remarcó que las restricciones impuestas excedían la protección del ámbito privado y paralizaban el trabajo de los comunicadores.

En su voto, el magistrado Herbel advirtió sobre lo desmedido de la medida previa, señalando que la prohibición de acercamiento impedía incluso que los profesionales y dirigentes pudieran transitar por dependencias públicas o acudir al Palacio de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires por su cercanía geográfica con la sede de la AFA en la calle Viamonte.

La Cámara enfatizó que la investigación periodística sobre personajes de relevancia institucional goza de tutelas constitucionales fundamentales para el control democrático de las entidades.

Radio Mitre

Nacionales

Un fiscal de menores apeló el fallo que suspendió la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

Un fiscal de menores apeló la medida que suspendió la aplicación de la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Hernán Ceruti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, presentó el recurso contra la decisión tomada por la jueza Marta Pascual.

Ceruti impugnó la cautelar y planteó que la suspensión produce un serio problema institucional al paralizar la aplicación de una norma nacional sin comprobar un agravio concreto.

En su escrito criticó que la jueza generalizó las fallas detectadas en el centro socioeducativo local y no realizó un relevamiento actualizado de los demás establecimientos provinciales.

La presentación remarca que la Ley Penal Juvenil no implica que todos los adolescentes deban quedar privados de la libertad, ya que prevé respuestas graduadas según cada situación.

Según el fiscal, la jueza dictó la medida antes de celebrar la audiencia donde la Provincia debía explicar recursos y planes. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora fijó una reunión para el 16 de septiembre.

Mauricio Macri se sumó a las críticas y sostuvo: ‘Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires’.

Radio Mitre

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