El Gobierno activó este fin de semana una ronda de contactos con gobernadores para intentar impedir una sesión opositora en la Cámara de Diputados prevista para el miércoles 9 de septiembre. La movida nació como respuesta a una convocatoria que preocupa a la Casa Rosada por los temas que se buscan tratar y el posible quórum.

El Gobierno, en tanto, enfatiza que el endeudamiento responde a relaciones entre privados y rechaza transformar el tema en una cuestión de Estado. Desde el oficialismo sostienen que medidas con impacto fiscal podrían desestabilizar la gestión. En ese sentido, el titular de Diputados Martín Menem afirmó: “Están buscando que tengamos algún impacto del tipo fiscal para desestabilizar la economía”.

Al frente de las gestiones aparecen el jefe de Gabinete Diego Santilli, el vicejefe Ignacio Devitt, y los diputados Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, quienes se comunicaron con mandatarios provinciales considerados dialoguistas. El objetivo explícito fue evitar reunir las 129 presencias necesarias para abrir la sesión especial y así neutralizar la iniciativa opositora.

Entre los gobernadores con margen para definir la apertura figuran Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), y el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe). También aparecen Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones) y otros mandatarios cuya relación con la Casa Rosada varía por distrito específico.

La sesión convocada por la oposición pondrá en agenda la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y un paquete de iniciativas sobre el endeudamiento familiar. Organizaciones advierten pagos atrasados y prestaciones demoradas; además, hay alrededor de 5,6 millones de personas registradas en situación de mora que motivan la discusión legislativa.

Entre las propuestas destacan la iniciativa de la diputada Natalia Zaracho, con apoyo del jefe de bloque Germán Martínez, que plantea declarar la emergencia crediticia por dos años y crear un régimen para las deudas acumuladas. Las alternativas varían en grados de intervención estatal, pero suelen incluir refinanciación, topes de cuota y mecanismos de mediación.

Radio Mitre