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Judiciales

Aplican una condena en suspenso a acusado de homicidio culposo doblemente agravado

Se hizo lugar al planteo de la defensa y le impusieron una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

El Tribunal Unipersonal a cargo de la Dra. Daniela Campos Nittinger dictó sentencia e hizo lugar a lo requerido por la defensa técnica ejercida por los Dres. Emiliano Aguirre y Martín Aguirre aplicándole una condena de tres años en suspenso a Eduardo Emanuel Chávez, oriundo de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, quien llegó al debate oral luego de 8 años de transcurrido el siniestro vial que le endilgaron. El agravante en la acusación se sustenta en el dosaje positivo del automovilista y por haberse fugado del lugar del hecho.

El hecho acaeció en la entrada de la ciudad de Nueva Esperanza en la noche del 23 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 22, donde lamentablemente falleciera un reconocido locutor de la zona, identificado como Gustavo Antonio Sánchez.

En comunicación exclusiva con Santiago News la defensa manifestó que asumió la representación de Chávez antes de comenzar el juicio y que nunca estuvo en discusión la responsabilidad de su representado, fundamentando sus alegatos en tres puntos claves ya que no pudo ofrecer prueba durante la instrucción.

Los tres puntos claves

Primero hizo declarar por primera vez al imputado, ya que siempre rodeó al caso que el verdadero autor del hecho era el titular registral del vehículo, quedando desvirtuada esta teoría. Chávez sostuvo que no pudo ver al motociclista por el encandilamiento de un vehículo que venia de frente, y manifestó su total arrepentimiento sobre lo sucedido.

Los defensores indicaron que la pericia fotográfica, realizada a pocos minutos de sucedido el hecho, reflejó claramente la falta total de iluminación en el lugar, ya que el propio personal policial en sus testimonios manifestaron que trabajaron con linternas, además de dar cuenta de la inexistencia de señalización. Un punto clave fue la presencia de un animal porcino listo para su cocción que traía el vehículo embestido atado en su parte trasera, y que para la defensa este tapaba la luz trasera encendida que traía la motocicleta.

Por último la pericia accidentológica concluyó en que existió una culpa compartida, el motociclista por conducir por la ruta con su vehículo pinchado a una velocidad de 3 km/h y el automóvil por hacerlo a 80 km/h de velocidad, determinando que el siniestro era totalmente evitable si el vehículo menor al estar con ese desperfecto lo hubiera hecho por la banquina la cual quedó demostrada era totalmente transitable.

Los alegatos finales

Al producir sus respectivos alegatos de clausura, la fiscal Belkis Alderete solicitó que se aplique a Chávez una condena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, a lo cual la querella -representada por los abogados Francisco Cavallotti y Eduardo Font- se adhirieron.

La defensa requirió una pena en suspenso, apoyándose en la tesis del reconocido jurista alemán Claus Roxin quien habla del delito imprudente, es decir que ambos conductores violaron normas de tránsito, además de advertir que el fin de la pena era la reinserción del acusado en la sociedad. Remarcó que su representado luego de 8 años y a pesar de existir una víctima no es la misma persona, ha conformado un grupo familiar con hijos menores y en edad escolar, del cual es el encargarle de brindarle el sustento diario.

Asimismo sostuvo que Chávez posee un excelente concepto, lo que deriva del estudio socio ambiental realizado en su domicilio, destacó su falta de antecedentes penales y el pedido de disculpas sinceras a la familia de la víctima al expresar su últimas palabras en el juicio.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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