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Nacionales

La Justicia revocó la medida cautelar que mantenía suspendido el traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7 dejó sin efecto la medida cautelar que había detenido el traspaso del fuero laboral a la Ciudad. El fallo fue firmado por el juez subrogante Enrique Lavié Pico. La suspensión original había sido dictada en marzo por el magistrado Herman Mendel a pedido de la UEJN.

El revés judicial desbloquea el acuerdo entre el Estado nacional y la administración porteña que se incorporó a la Ley 27.802, aprobada en febrero. Fuentes oficiales señalaron que ahora el traspaso del fuero laboral puede continuar su curso administrativo, aunque resta cumplir pasos formales y cronogramas de traslado, según el convenio firmado por ambas jurisdicciones.

En su argumento la Procuración del Tesoro mencionó la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema, y aludió a los fallos Levinas y Marcelina como antecedentes que consolidan la competencia del Tribunal Superior porteño en causas nacionales con asiento en la Ciudad. Ese marco fue clave para que el juez revocara la cautelar previa.

El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, celebró la resolución y sostuvo que se trata de un paso para hacer valer una facultad que la Constitución reconoce a la Ciudad. En sus declaraciones vinculó el traspaso del fuero laboral con la consolidación de la autonomía porteña y la continuidad de un proceso demorado durante años.

Amerio también remarcó el objetivo económico que, según el Ejecutivo, justificaría esta reforma institucional. Dijo que la medida busca construir un sistema judicial “más previsible” para facilitar inversiones, el desarrollo empresarial y la generación de empleo, argumentos que el Gobierno utiliza para justificar la transferencia de competencias a la Ciudad.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación había recurrido a la justicia laboral para frenar la puesta en marcha del convenio. El gremio alegó afectaciones al funcionamiento del fuero y al empleo de los trabajadores judiciales, por lo que consiguió la medida cautelar que ahora quedó sin efecto tras la decisión del fuero contencioso.

Radio Mitre

Nacionales

La ONU postergó para 2027 el tratamiento del reclamo de Cristina Kirchner para recuperar sus derechos políticos

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cerró sus sesiones ordinarias sin tratar el reclamo de Cristina Kirchner para suspender la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos. El organismo retomará el análisis en marzo de 2027, mientras la defensa sostiene que la condena vulneró sus derechos políticos y las garantías del proceso judicial.

Cristina Kirchner no consiguió que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tratara su presentación antes del cierre de las sesiones ordinarias de noviembre. La exmandataria recurrió a ese organismo para cuestionar su condena y pedir que suspenda los efectos de la inhabilitación perpetua que le impide ocupar cargos públicos.

Con esta postergación, el comité recién retomará el análisis del planteo cuando reanude sus sesiones, en marzo de 2027. La demora modifica los tiempos de la estrategia judicial de la expresidenta, que manifestó su intención de recuperar sus derechos políticos y no descartó competir en las próximas elecciones presidenciales.

Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron el reclamo ante el organismo, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La defensa solicitó medidas provisionales para suspender la inhabilitación mientras avanza el procedimiento.

El trámite habitual contempla el traslado de la denuncia al Estado involucrado, la recepción de sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del caso, y una nueva respuesta de los representantes de la denunciante. Este proceso suele extenderse entre dos y tres años.

La presentación sostiene que la condena vulneró derechos reconocidos por el pacto internacional, en particular el derecho a votar y ser elegida. Los abogados consideran que la inhabilitación perpetua constituye una restricción ilegítima y desproporcionada de los derechos políticos de Cristina Kirchner.

Radio Mitre

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