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Judiciales

En escalada judicial por niño abusado, una defensora pidió allanar el Hospital Garrahan

Lo solicitó Ana Silvia Gerez. Instó al juez, Diego Vittar, facultar a la policía al allanamiento vía exhorto. A la vez, el magistrado también alertó a su par porteño, Alejandro Javier Sedeiro sobre “notorias interferencias” desde Buenos Aires, con la Justicia santiagueña.

La defensora oficial de Río Hondo, Ana Silvia Gerez, instó a terminar con la dulzura dialéctica en la crisis por la investigación del niño abusado y pidió al juez santiagueño, Diego Vittar, el allanamiento del Hospital Garrahan, donde permanece varado desde el 23 de julio último.
El escrito de la representante del Ministerio Pupilar no asoma antojadizo. Este viernes quedaron desechados tres pedidos de Cámara Gesell; también tres exhortos en oídos sordos, por la actuación de defensores oficiales de CABA que trabaron todos los intentos por “repatriar” al menor de 8 años termeño.
La historia tuvo un primer capítulo en julio pasado. Un marplatense arribó a Las Termas a llevarse al niño, fruto de un vínculo con una docente santiagueña.
En horas, el visitante alertó a la Justicia que su hijo fue abusado por personajes oscuros del umbandismo. Identificó a un policía y al propio fiscal, Rafael Zanni. En esa vorágine de delirio persecutorio, escapó hacia Buenos Aires y “plantó” bandera, al internarse en el Garrahan.
Urgente, las autoridades locales trazaron recursos y paralizaron el alta del pequeño con un discurso subterráneo que, muy por debajo, parece sintetizar el siguiente mensaje: en Santiago el menor no está seguro y Buenos Aires le dará protección.
Desde entonces, la competencia y jurisdicción de la causa lucen difusas, aun cuando los funcionarios de Buenos Aires aclaran que ellos no intervienen en la investigación por el abuso propiamente dicho.
Como sea, hoy la causa está muy estancada. Nada pudo develarse de los dos sucesos en que el niño habría sido abusado: en junio, en una fiesta de cumpleaños, y mucho antes, en ocasión de asistir a lugares con personas bailando y proclives a bajezas.


La defensa del niño
A más de un mes, la defensora oficial termeña, Ana Silvia Gerez, solicitó al juez Diego Vittar una medida extrema: “Por este medio electrónico, y dada la urgencia de la medida, es que me dirijo a usted a los fines de hacer la siguiente petición: allanamiento y restitución con auxilio de la Fuerza Pública conforme artículo 3 Ley 22.172″.
Al fundamentar, la funcionaria sugirió: “… Se libre oficio a la policía más cercana al Hospital Garrahan, para con la orden de este Juzgado, se proceda al retiro del menor y lo entregue a la policía de Santiago del Estero o a la Policía Federal, para su urgente traslado, ya sea con el familiar que se disponga o con la Intervención de la Sección Trata y Minoridad de este organismo Federal».
Gerez justificó su petición, «… ante los reiterados exhortos realizados e incumplidos»… «La medida ya no puede ser rogatoria, debe ser con el auxilio de la fuerza pública», afirmó la funcionaria que vela por los derechos del niño.
«En consecuencia», sentenció, «… se libre oficio a ese organismo para que proceda al traslado del menor en compañía directa y colaboración de la División Trata/Minoridad de la Policía Federal y/o el organismo de Niñez interviniente».


Vittar, también recargado
La crisis es evidente y ahora resta la respuesta del juez Vittar. El magistrado santiagueño también ya dejó de lado todo formalismo, con un duro documento que partió a los estrados de su par de Buenos Aires, Alejandro Javier Sideiro.
La caída de la tercera Cámara Gesell Vittar la atribuyó a la “interferencia de la actuación de dos defensoras del Poder Judicial de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – C.A.B.A. Antes de proseguir, deseo llevar a vuestro conocimiento que he buscado en el Castellano, idioma de una riqueza amplia, una palabra que sintetice el accionar de la Justicia de Buenos Aires y no encuentro otra que no sea la utilizada interferencia”.
Vittar informó a Sideiro que ha remitido exhortos e innumerables pedidos de manera informal a través de llamadas telefónicas para poder trasladar al niño a Santiago del Estero, “al solo efecto de recepcionar su testimonio y que el menor sea escuchado en el proceso, no contando con la debida colaboración, solo con interferencia, para obstaculizar la recepción del testimonio”.
“Asimismo, requiero que intime al Ministerio Publico de la defensa, trátese de las defensoras, Natalia Bonino y Soledad Valente, que se encuentra actuando ante V.S., las notificaciones cursadas al Ministerio Publico de la defensa de Santiago del Estero, que en su carácter de tutelar es el competente para velar por los intereses del menor, resguardar sus derechos y garantías y proteger su integridad, pues reitero, el menor retenido en Hospital Garrahan, es supuesta víctima de abusos sexuales y hasta la fecha, ya más de 30 días de denunciado el hecho, no hemos podido escuchar su testimonio en Cámara Gesell…”

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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