El juez federal Ariel Lijo concedió una prórroga de quince días a Manuel Adorni para presentar su descargo en la causa que investiga inconsistencias en su patrimonio. La medida permite al exjefe de Gabinete acceder a documentación y archivos mencionados en el requerimiento, incluidos los datos obtenidos del teléfono del contratista Matías Tabar: clave en el expediente.

El suspendido funcionario debía responder a veinte señalamientos que formuló el fiscal Gerardo Pollicita sobre movimientos financieros y adquisiciones. Adorni pidió tiempo adicional y reclamó poder revisar las pruebas anexadas, entre ellas transferencias y archivos mencionados en el expediente. El juez autorizó copiar esos materiales, aunque sin suspender de la causa los plazos procesales.

Los investigadores pidieron precisiones sobre la procedencia de divisas en efectivo, créditos familiares, la compra de un vehículo y un lote en el country Indio Cuá. Además, exigen explicación del costo de la obra realizada en ese terreno. El constructor Matías Tabar declaró haber cobrado USD 245.000 por los trabajos de remodelación, según consta en el expediente.

El peritaje financiero impulsado por el fiscal Pollicita advirtió descalces entre los ingresos declarados y consumos detectados por los peritos, suficientes para intimar al exfuncionario a justificar su patrimonio. La pesquisa sigue su trámite judicial mientras Adorni analiza la documentación y prepara las respuestas que pondrán a prueba su versión sobre el origen de los fondos reales.

El magistrado autorizó la extracción de los archivos solicitados y fijó la diligencia para el miércoles 26 de agosto, según consta en el expediente. La medida permitirá a la defensa cotejar documentos y acreditar transferencias. A pesar de la entrega del material, Lijo decidió no suspender los plazos del proceso mientras el imputado accede a la prueba.

Adorni renunció a sus cargos en el Gobierno de Javier Milei en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito, lo que potenció el interés de la causa. Su alejamiento público y las denuncias cruzadas marcaron la agenda mediática, mientras la Justicia busca aclarar si los movimientos patrimoniales responden a justificativos contables o a operaciones no declaradas claramente.

Radio Mitre