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El Gobierno aseguró que el buque británico no violó ninguna ley y responsabilizó a Tierra del Fuego

El Gobierno aseguró que el amarre del buque británico VS PROMISE en el muelle comercial de Ushuaia no violó ninguna normativa, pese al fuerte rechazo expresado por autoridades de Tierra del Fuego. El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que la embarcación había cargado crudo en la cuenca y luego ingresó al puerto fueguino para aprovisionarse.

Ravier defendió la postura oficial y sostuvo que “el accionar del buque no viola ninguna ley”. Según explicó, la monoboya utilizada para cargar petróleo se encuentra bajo jurisdicción de Tierra del Fuego y la Ley Gaucho Rivero limita su alcance a determinadas actividades de exploración y explotación vinculadas con la cuenca de Malvinas.

Desde la Casa Rosada descartaron que la operación implique una pérdida de soberanía y destacaron que el aprovisionamiento generó actividad económica en Tierra del Fuego. Además, señalaron que la operación contó con las autorizaciones provinciales y nacionales correspondientes.

El Ejecutivo también sostuvo que la normativa vigente no establece una prohibición general para el ingreso de embarcaciones vinculadas con el Reino Unido. Por ese motivo, consideró que no existían fundamentos legales para impedir que el buque ingresara y permaneciera en la terminal portuaria de Ushuaia.

El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, calificó el episodio como “sumamente grave” y aseguró que no existen antecedentes similares. El funcionario reclamó explicaciones a la Nación y cuestionó que se haya permitido el atraque por la sensibilidad que genera la cuestión de las Islas Malvinas y la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

Dachary fue contundente al referirse a la situación de la provincia: “Somos una provincia invadida”. También advirtió sobre el destino del petróleo y cuestionó la política del Gobierno nacional respecto de la soberanía marítima y los recursos naturales.

Radio Mitre

Nacionales

“Si no es ahora, nunca lo será”: Argentina insistió ante el Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera británica en Malvinas

La Argentina volvió a reclamar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que se impida el avance de la explotación petrolera británica en las islas Malvinas. Durante su alegato final, el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen cuestionó la posición del Reino Unido sobre la soberanía del archipiélago y solicitó que los jueces dicten medidas cautelares para evitar el inicio de la extracción de hidrocarburos en la zona en disputa.

En su exposición, Kohen recordó que las Malvinas continúan incluidas en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, cuyo proceso de descolonización todavía está pendiente. También sostuvo que la controversia involucra tanto la soberanía territorial como los espacios marítimos y señaló que la Asamblea General de la ONU y su Comité de Descolonización tienen la responsabilidad de supervisar ese proceso.

El equipo argentino defendió la necesidad de que el Tribunal del Mar intervenga antes de que comiencen las tareas de extracción. En ese sentido, el jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que el inicio de las perforaciones modificaría de manera irreversible la situación actual. “Una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”, afirmó.

Schrijver remarcó que el tribunal es la única instancia que podría actuar a tiempo para evitar ese escenario. “Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será”, sostuvo durante su intervención.

El proyecto Sea Lion cuenta con una inversión definitiva aprobada en 2025 y está a cargo de la compañía israelí Navitas, que posee el 65% de participación, y de la británica Rockhopper, con el 35% restante. El plan contempla la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de 30 años, mediante la perforación de hasta 26 pozos y la instalación de un sistema de producción en el lecho marino.

El jurista también hizo hincapié en las consecuencias ambientales y materiales que podría generar la iniciativa. “Ese daño es irreparable: la plataforma continental quedará modificada permanentemente, el petróleo una vez extraído no regresará al yacimiento”, señaló. Además, planteó que una decisión judicial posterior no podría revertir los efectos de la explotación.

Radio Mitre

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