Judiciales

Fürth Automotores al rojo vivo por dineros no registrados en su sistema operativo

La defensa de la excajera de Fürth Automotores, encabezada por Javier Leiva y Lucas Díaz, pidió abrir una nueva línea investigativa y citar a la contadora de la firma, tras denunciar circuitos de dinero no registrados y responsabilidades en niveles jerárquicos superiores.

Los abogados de la excajera de Fürth Automotores, Javier Leiva y Lucas Díaz, solicitaron este domingo a la Fiscalía la apertura de una nueva línea investigativa y la declaración testimonial de la contadora de la empresa, Denise Figueroa. El objetivo es esclarecer por qué había millones en pesos, cheques y dólares que no estaban registrados en el sistema.

Según la defensa de Graciela Alejandra Moyano, la ampliación de su indagatoria aportó información que exige explorar responsabilidades en un nivel jerárquico superior. “Los hechos incorporados no constituyen una mera explicación defensiva ni una narración literal. Por el contrario, modifican sustancialmente el mapa de intervención que hasta ahora parece haber orientado la investigación”, señalaron los letrados, destacando que Moyano identificó personas, funciones, mecanismos operativos, canales de comunicación y circuitos de dinero cuya constatación permitiría determinar quién recibía, autorizaba, ordenaba, registraba y controlaba realmente los fondos cuestionados.

En su declaración, Moyano describió una metodología de funcionamiento empresarial que, según la defensa, resulta indispensable corroborar. Relató que el exgerente Gerardo Caro y el exjefe de ventas Matías Llado le solicitaban la emisión de recibos provisorios por sumas que ella no recibía personalmente, indicándole monto y destinatario. También afirmó que ambos recibían directamente dinero en efectivo, cheques y dólares, comunicándole luego determinadas operaciones.

Asimismo, Moyano declaró que mantenía comunicación fluida con la contadora Denise Figueroa, principalmente mediante llamadas y mensajes de WhatsApp, informándole las sumas existentes en caja para su depósito. “La contadora sabía todo”, remarcaron los abogados. Según la defensa, había depósitos destinados a cuentas de la empresa que aún no figuraban en el sistema, pero eran conocidos y autorizados desde el área contable. Respecto de las operaciones en moneda extranjera, Moyano aseguró que la recepción de dólares se realizaba con autorización de Caro y que Llado disponía el cambio de esa moneda con conocimiento del exgerente.

En el escrito, Leiva y Díaz pidieron a los fiscales un conjunto de medidas:

Dólares: investigar de manera autónoma el episodio relatado por Moyano sobre aproximadamente U$S 1.500 que habría retirado Llado y llevado a una casa de cambio con autorización de Caro.
Vuelta al trabajo: incorporar el acta confeccionada tras su regreso laboral, firmada en presencia de Caro, Figueroa, un abogado y un escribano, documento que Moyano habría suscripto sin leer.
Caro y excesos: indagar hechos personales graves relatados por Moyano, quien denunció situaciones intimidantes con Caro, caracterizadas por insinuaciones, contacto físico y propuestas fuera del ámbito laboral.
Medidas urgentes: preservar evidencia digital, conservar servidores y documentación contable, realizar pericia integral, citar a Figueroa y reconstruir el circuito de los U$S 1.500, además de investigar la cadena jerárquica de órdenes y responsabilidades en cada operación.

La defensa concluyó que resulta inadmisible continuar razonando como si la responsabilidad penal de Moyano estuviera demostrada, cuando existen hechos concretos que obligan a investigar hacia arriba de la estructura empresarial.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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