El 11° Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos, que debía disputarse el 16 y 17 de agosto en el Bajo Hondo Rugby Club de Tucumán, fue suspendido en medio de fuertes cuestionamientos. La decisión generó indignación entre familiares y organizaciones de derechos humanos, que señalaron presiones políticas y falta de apoyo institucional.

El certamen se realiza desde hace once años con el objetivo de mantener viva la memoria de los 178 rugbiers desaparecidos o asesinados durante la última dictadura cívico-militar. Este año, Tucumán había sido elegida como sede tras una invitación del club anfitrión y con el visto bueno inicial de la Secretaría de Estado del Deporte provincial. Sin embargo, a pocos días del encuentro comenzaron a retirarse los apoyos y varios equipos tucumanos desistieron de participar.

Los organizadores denunciaron que la Comisión de Deportes de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Ricardo Bussi, no respondió a los pedidos de colaboración. Bussi es hijo de Antonio Domingo Bussi, exgobernador de facto y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Para los impulsores del torneo, la suspensión estuvo directamente vinculada a la incomodidad que generó la palabra “Desaparecidos” en la convocatoria.

La Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero repudió la suspensión y recordó que entre los homenajeados estaba el santiagueño Julio César “Lito” Salomón, joven rugbier secuestrado y desaparecido el 24 de marzo de 1976, el mismo día en que comenzó la dictadura. “Podrán suspender un torneo, pero no podrán borrar la memoria”, expresaron en un comunicado.

La falta de respuestas institucionales también se evidenció en la negativa de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que según los organizadores ofreció apenas una caja de turrones como colaboración. Ante la ausencia de garantías para recibir a las delegaciones de otras provincias, el torneo quedó sin condiciones para realizarse.

La suspensión abre un debate sobre la relación entre deporte y memoria histórica, y sobre el rol de las instituciones en acompañar iniciativas que buscan mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. Para los organizadores, la decisión representa un retroceso en la construcción de memoria colectiva y un gesto de censura política.