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El Dr. Alfredo Aydar apeló y volvió a plantear la prescripción de la acción penal en la causa que tramita ante el Juzgado Federal de Catamarca

EXCLUSIVO SANTIAGO NEWS

El abogado Alfredo Alejandro Aydar presentó un nuevo planteo judicial solicitando que se declare extinguida la acción penal por prescripción, que se deje sin efecto una nueva citación a indagatoria y que se dicte su sobreseimiento total y definitivo. El Juzgado Federal de Catamarca rechazó suspender la audiencia y concedió la apelación anterior con efecto devolutivo.

En el marco del expediente FTU N° 61/2023, caratulado “Aydar, Alfredo s/delito a determinar”, el Dr. Alfredo Alejandro Aydar formuló una nueva presentación ante el Juzgado Federal de Catamarca N° 1, mediante la cual interpuso una excepción de previo y especial pronunciamiento por falta de acción, fundada en la presunta extinción de la acción penal por prescripción.

El planteo defensivo sostiene que el primer llamado a prestar declaración indagatoria se produjo el 8 de febrero de 2023, fecha que —según la tesis de Aydar— sería el último acto con eventual aptitud interruptiva. Desde allí, afirma la defensa, habría transcurrido íntegramente el plazo legal aplicable sin que se produjera un nuevo acto interruptivo válido conforme al artículo 67 del Código Penal.

La presentación también cuestiona la nueva citación a indagatoria fijada para el 30 de junio de 2026, solicitando su nulidad absoluta. Según el escrito, una nueva convocatoria no podría sostenerse sobre una acción penal ya extinguida, ni utilizarse para reformular cargos o incorporar agravantes sobre la misma base fáctica ya conocida desde el inicio de la investigación.

El eje del planteo: prescripción, recalificación y límites del poder penal

La defensa de Aydar afirma que la controversia no consiste en discutir si el Ministerio Público Fiscal puede modificar una calificación legal durante la instrucción, sino si puede hacerlo después de vencido el plazo prescriptivo, utilizando la misma plataforma fáctica y probatoria.

En ese sentido, el escrito sostiene que una recalificación jurídica tardía no puede convertir hechos conocidos en hechos nuevos, ni reactivar una acción penal que —según la defensa— ya habría fenecido por mandato legal.

Aydar también plantea que la prescripción es una cuestión de orden público, que opera de pleno derecho y debe ser examinada incluso de oficio por el tribunal. Por ello, solicitó que se declare extinguida la acción penal y se dicte su sobreseimiento total y definitivo, con archivo de las actuaciones a su respecto.

La resolución del Juzgado Federal de Catamarca

El 29 de junio de 2026, el Juzgado Federal de Catamarca resolvió tener presente la apelación interpuesta por Aydar contra una resolución anterior de fecha 26 de junio de 2026 y concederla ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en relación y con efecto devolutivo.

Sin embargo, respecto del nuevo planteo de prescripción como excepción de previo y especial pronunciamiento, el juzgado dispuso estar a lo ya resuelto recientemente, señalando que —a criterio del tribunal— la prescripción debe analizarse sobre los hechos objeto del proceso penal y no únicamente sobre las calificaciones jurídicas.

La resolución judicial indicó además que, al momento de resolver la prescripción, el juzgador puede considerar la figura típica y el desarrollo del iter criminis más gravoso a los fines del cómputo. En esa línea, el tribunal sostuvo que ya existía un requerimiento de imputación más severo efectuado por la Fiscalía Federal.

Rechazo al pedido de suspensión de la indagatoria

Otro punto central de la resolución fue el rechazo al pedido de suspensión de la audiencia indagatoria. El juzgado consideró que el acto ordenado no causaría perjuicio a la defensa, sino que constituiría una oportunidad para garantizar el derecho de defensa material del imputado.

Frente a ello, la posición de Aydar es exactamente la contraria: sostiene que la indagatoria presupone una acción penal vigente y que, si la acción se encuentra extinguida, el Estado no puede someter al imputado a un nuevo acto de persecución penal.

Reserva del caso federal y camino hacia la Cámara

La defensa dejó planteada la reserva del caso federal y buscará que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revise la decisión adoptada por el Juzgado Federal de Catamarca.

El debate jurídico que se abre gira en torno a un punto sensible: si una nueva calificación más gravosa, introducida con posterioridad al vencimiento del plazo alegado por la defensa, puede modificar el cómputo de la prescripción o si, por el contrario, debe prevalecer la garantía de legalidad, seguridad jurídica y plazo razonable.

Desde la óptica de Aydar, la respuesta es clara: una acción penal extinguida no puede ser revivida por dictámenes posteriores, nuevas providencias de trámite ni citaciones a indagatoria fundadas en hechos conocidos desde el inicio del proceso.

La resolución definitiva quedará ahora en manos de la alzada federal, que deberá analizar si corresponde confirmar el criterio del juzgado de primera instancia o hacer lugar al planteo de prescripción impulsado por el Dr. Alfredo Aydar.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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