Judiciales

Excarcelan a un subcomisario investigado por presunta corrupción institucional

La Cámara de Apelaciones revocó la prisión preventiva del jefe policial, al determinar que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento. Está imputado por cohecho, falsificación y violación de sus deberes de funcionario público.

Un trámite digital bajo la lupa
La causa penal se originó a fines de enero de 2026. En esa fecha, dos oficiales subalternos recibieron una orden de su jefe inmediato a través de WhatsApp: debían imprimir un archivo PDF con la insignia institucional y sellos de la provincia de Córdoba.
El papel en cuestión era un Documento de Tránsito Electrónico (DTA), una autorización obligatoria para el transporte de hacienda vacuna. Al notar anomalías físicas en el impreso, los subalternos recurrieron a la responsable de Senasa y a productores de la zona. Tras corroborar que el permiso era apócrifo, el caso fue reportado y el subcomisario terminó bajo arresto el 6 de febrero.
Un mes después, la jueza de Control de la jurisdicción Añatuya, Dra. Ana María González Ruiz —haciendo lugar al requerimiento de la fiscal Alejandra Sobrero—, procedió a dictarle la prisión preventiva por dos años. La magistrada consideró que el alto rango del policía ponía en riesgo la recolección de pruebas ante sus subordinados. No obstante, los abogados defensores, Emiliano y Martín Aguirre, apelaron la medida de inmediato.

Los argumentos de la defensa ante el tribunal de Apelación
Durante la audiencia del 26 de junio de 2026, los representantes legales del imputado desacreditaron los supuestos riesgos invocados por la fiscalía basándose en cuatro ejes clave:

Conducta colaborativa: Lejos de entorpecer el proceso, el policía entregó la clave de su teléfono celular, facilitando las tareas de análisis informático sobre sus chats al Gabinete de Pericias de la Fiscalía.

Ausencia de evasión: Entre el inicio de las sospechas y el día de su captura pasaron nueve días en los que el efectivo continuó a derecho, demostrando que nunca tuvo intenciones de huir.

Declaraciones concluidas: La posibilidad de presionar a los testigos quedó descartada, dado que más de diez personas ya brindaron y ratificaron sus testimonios ante el juzgado. Sólido arraigo: Se aportaron pruebas contundentes sobre el domicilio fijo y los lazos sociofamiliares del imputado en la región.

Estrategia técnica: Para cerrar su exposición, los letrados invocaron el artículo 192 (inciso 2) del Código Procesal Penal, señalando que los delitos atribuidos en concurso real (cohecho activo, falsificación de documentos y omisión de deberes públicos) contemplan una escala penal cuyo piso mínimo no amerita mantener el encierro preventivo.

Dictamen final: Libertad bajo caución
Tras un breve receso para deliberar, los jueces de la Cámara de Apelaciones fallaron de manera unánime a favor de la excarcelación del funcionario policial. El tribunal concluyó que los supuestos peligros procesales no son actuales ni latentes. Asimismo, los magistrados aclararon en su resolución que, si la fiscalía detecta alguna conducta sospechosa a futuro, existen otras herramientas y restricciones alternativas para asegurar el proceso sin necesidad de mantener al acusado en prisión.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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