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Judiciales

Grave denuncia penal contra juez bandeño por intento de desalojo de titular de un campo y secuestro de cosecha

Una grave denuncia sacudió los tribunales bandeños, donde se denunció penalmente a un juez civil por presunto prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia recayó sobre el Juez Civil Pedro Carlos Juri, quien dispuso una medida cautelar de desalojo y puesta en posesión de un inmueble de manera ilegal, pretendiendo desalojar al titular dominial y poseedor del inmueble.

Según la denuncia, la causa se originó en un contrato de arrendamiento de un inmueble ubicado en la zona de La Aurora, departamento Banda, donde una persona oriunda de Córdoba de apellido Pardo, arrendó el inmueble que era de dos hermanos de apellido Osella.

Lo curioso es que el contrato fue suscripto por solo uno de los hermanos Osella que eran titulares del inmueble, lo que no le daba validez al contrato justamente por carecer de la firma del otro titular.

Por distintas situaciones, dicho contrato nunca se pudo materializar, y los hermanos Osella transfirieron el inmueble mediante escritura a una firma de Córdoba, quien tomó posesión del inmueble e inscribió el campo a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Pasado casi un año de ello, Pardo se presentó ante el Juez Juri reclamando a los Osella el cumplimiento del contrato, es decir que le permitan sembrar el mismo, pero el inmueble había sido transferido a la empresa nueva propietaria.

En ese sentido, el Juez Juri, dispuso mediante medida cautelar, AÚN ANTES DE NOTIFICAR LA DEMANDA A LOS DEMANDADOS, que se desaloje a cualquier ocupante, incluidos los titulares dominiales del mismo, y se ponga en posesión al Sr. Pardo para que éste siembre el inmueble, configurando ello un adelantamiento de opinión y prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo.

En ese sentido, la nueva titular dominial se presentó ante el Juez con las escrituras y demostrando que eran los titulares y poseedores, incluso que habían sembrado el campo desde el año pasado y que no tenían vinculación alguna con el Sr. Pardo, y el Juez le sugirió “que se ponga en contacto con el abogado de Pardo y arreglen”.

En ese contexto, agravó más la situación cuando el juez Juri dispuso el secuestro de la cosecha del dueño del inmueble y lo “pongan a disposición del Juzgado”, lo que motivó que se interponga la denuncia penal en contra del Juez, habiéndose solicitado que se investigue la conexión y nexo mediante llamadas y mensajes con el Sr. Pardo y su abogado, a los fines de determinar si no existió alguna connivencia fraudulenta.

Llama más la atención en el hecho de que para ordenar semejante medida que implica desalojar del inmueble a su propietario y poner en posesión a un tercero, lo hizo con la fianza personal del abogado, cuando el perjuicio puede llegar a ser millonario.

Nuevamente la “Cuna de Poetas y Cantores” demuestra su favoritismo para los colegiados nacidos y criados en la tierra de los Carabajal.La causa recayó en manos de la Fiscal Montes, quien recabará las medidas necesarias para determinar la existencia del delito denunciado.Un final abierto

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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