La etapa de alegatos del juicio por la pérdida del ARA San Juan arrancó con un fuerte planteo fiscal: el Ministerio Público solicitó penas de prisión para cuatro exjefes de la Armada, a quienes responsabiliza por permitir que la nave partiera con deficiencias técnicas que, a su juicio, hicieron predecible el desenlace fatal.

Tras meses de audiencias y más de noventa testigos, los fiscales expusieron su teoría: el submarino habría zarpado desde Mar del Plata en “condiciones técnico-operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas”. En la sala del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos describieron cadena de mando y responsabilidades no cumplidas y aportaron pruebas documentales y peritajes.

El fiscal Gastón Franco Pruzan repasó el expediente y las fallas posteriores a la reparación de media vida de 2015: averías que se corrigieron parcialmente pero que dejaron limitaciones operativas. Resaltó que la unidad superó en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco y completar mantenimientos esenciales.

Según la acusación, el 14 de noviembre de 2017 entró agua de mar al tanque de baterías número tres por el sistema de ventilación, lo que produjo un cortocircuito y un inicio de incendio en el balcón de barras. Horas después, las fallas eléctricas derivaron en la pérdida de control y la implosión de la nave.

Los fiscales señalaron a la cúpula de la Armada: Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide fueron ubicados como responsables de la cadena de mando. La fiscal María Andrea Garmendia Orueta afirmó con nitidez: “El incumplimiento del mantenimiento de la nave estaba a cargo de Villamide”. También se detallaron funciones específicas de Correa y Alonso.

Al cierre de la jornada, la Fiscalía pidió penas concretas: cinco años de prisión para Luis Enrique López Mazzeo y cinco años efectivos para Claudio Villamide, cuatro años para Héctor Aníbal Alonso y tres para Hugo Miguel Correa. Los fiscales argumentaron que “A mayor jerarquía, mayor es el deber de cuidado”.

Radio Mitre