Matías Tabar, el contratista que realizó refacciones en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, desmintió haber sufrido presiones políticas y relativizó la reciente intimación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El constructor autónomo explicó que la fiscalización constituye un procedimiento normal para ajustar balances y descartó de manera tajante la existencia de una maniobra de hostigamiento institucional en su contra.

El profesional aseguró que no mantuvo contacto ni recibió mensajes por parte de Adorni o de sus colaboradores en los últimos días, señalando que, a pesar de vivir en el mismo complejo, prefiere mantener una distancia prudencial. Tabar insistió en que el portal impositivo suele detectar inconsistencias de rutina en trabajadores independientes con dos décadas de actividad, por lo que asumió el control fiscal como una obligación que le corresponde cumplir.

Asimismo, el contratista afirmó que se encuentra con total predisposición para que la investigación avance por los canales legales y técnicos correspondientes. De esta manera, el constructor buscó desmarcarse de las especulaciones políticas, manifestando en declaraciones radiales de tono mesurado que no experimenta la situación como una persecución o un elemento de presión externa sobre su labor habitual.

El requerimiento de ARCA exige a Tabar la entrega detallada de documentación sobre sus ingresos y facturación de los períodos 2024 y 2025, el desglose de la obra en el barrio privado y los comprobantes de compras a proveedores. Además, la autoridad tributaria le solicitó justificar el origen de los fondos utilizados para la compra de dólares y para la adquisición de una camioneta de 47 millones de pesos junto a otro automóvil de 4 millones.

Esta rigurosa auditoría impositiva sobre la actividad económica de Tabar cobró una fuerte trascendencia institucional debido a que su testimonio técnico original podría comprometer la defensa del funcionario en los tribunales. El avance del organismo se produce en paralelo a las denuncias de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre presuntos intentos destinados a obstruir la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete.

Radio Mitre