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Judiciales

De dar clases a vender cocaína: la docente narco sigue presa y la justicia le negó la domiciliaria

La defensa de Cinthia Mansilla cuestionó al juez Facundo Sayago y pidió que cumpla la detención en su casa por problemas de salud.

La maestra que por las mañanas enseñaba en una escuela de Pampa de los Guanacos y por las tardes, según la investigación, vendía droga desde su casa ubicada justo enfrente del establecimiento educativo, seguirá detenida en una unidad penitenciaria de esta capital. La Justicia Federal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Cinthia Ceferina Mansilla, de 41 años, quien permanece alojada en el penal de mujeres luego de su detención y posterior traslado, en el marco de un operativo que desbarató una banda familiar dedicada al narcotráfico.

El abogado de la docente, el doctor Leandro Jiménez, salió al cruce de la decisión del juez Facundo Sayago y la calificó como «arbitraria». El letrado sostuvo que la cantidad de droga secuestrada fue «escasa» y que incluso podría considerarse para consumo personal. También argumentó que dos de los imputados vinculados a la causa recuperaron la libertad por falta de mérito, y cuestionó que no se aplique una perspectiva de género al evaluar la situación de su defendida, quien es madre de una adolescente. «No hay peligro de fuga ni posibilidades de entorpecer la investigación», remarcó el defensor.

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por este medio desmontaron uno por uno los argumentos de la defensa. En primer lugar, señalaron que los problemas de salud que aduce la docente ya los padecía al momento de su detención, en febrero pasado. Además, cuando la Justicia requirió informes al establecimiento educativo en el cual trabajaba para consultar por licencias por enfermedad, el resultado fue negativo; por lo tanto, no parecerían revestir la gravedad alegada. A esto sumaron que el penal de mujeres cuenta con la infraestructura y los profesionales necesarios para realizarle los controles y tratamientos requeridos. En segundo lugar, recordaron que el operativo no fue menor: se secuestraron cocaína, marihuana, un millón ochocientos mil pesos, trece celulares, una moto, un automóvil y nueve plantines de cannabis sativa.

La investigación, a cargo del fiscal Gabriel Gómez, sostiene que Mansilla no actuaba sola. La banda familiar incluía a su hija Wendy Yael Aranda Mansilla (a quien la Justicia le concedió el arresto domiciliario), su yerno Juan Jeremías Rocha (señalado como el «dealer» viajante), Karim Alí López y Leopoldo Florencio Juárez, apodado «Mata». Todos fueron detenidos en los allanamientos realizados en Pampa de los Guanacos y Sacháyoj. Los pesquisas sospechan que la droga ingresaba desde la provincia del Chaco, aunque el proveedor principal aún no ha sido identificado.

Mientras la docente continúa detenida, la defensa adelantó que insistirá con los planteos para morigerar su situación procesal. El abogado también denunció que durante los allanamientos fueron secuestrados vehículos que, según afirmó, no tendrían vinculación con la causa y que aún no han sido restituidos. Por lo pronto, el juez Sayago mantiene su postura: la maestra que formaba alumnos por la mañana y presuntamente vendía estupefacientes por la tarde, deberá seguir tras las rejas mientras avanza la investigación. El contenido de los trece celulares incautados será clave para determinar responsabilidades y, tal vez, destapar por completo el entramado narco que operaba en el interior santiagueño.

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Presunto abuso en Pozo Hondo: la querella pedirá imputaciones por el consumo de alcohol de menores en el boliche

El abogado Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán los pedidos de imputación contra funcionarios que no controlaron el ingreso de adolescentes. La víctima ya identificó al agresor en Cámara Gesell y la Fiscalía evalúa una rueda de reconocimiento. El único detenido será indagado este miércoles.

The King Boliche Pozo Hondo

La investigación por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó un nuevo frente judicial. El abogado querellante Marcelo Castillo Gioya confirmó que este martes ingresarán pedidos de imputación contra funcionarios municipales y policiales que habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

«Entiendo que tenemos una mediana claridad en el andamiaje del proceso. En la investigación penal preparatoria ya tenemos un abuso sexual con acceso carnal», afirmó Castillo Gioya en diálogo con este medio. El letrado se refirió a la Cámara Gesell de la víctima, que ubicó los hechos en tiempo y espacio, y detalló el antes, el durante y el después del ataque.

Según el relato de la menor, un grupo de adolescentes viajó desde Las Cejas, en Tucumán, hasta Pozo Hondo en una combi. El transporte habría sido proporcionado por el dueño del boliche «The King», de apellido Jaimez, de forma gratuita. Durante el viaje, los chicos consumieron cerveza. «Eso ya es una irregularidad muy grave. Si hay menores que consumen alcohol, estamos frente a una falta administrativa que puede ser sancionada como contravención», sostuvo el querellante.

El abuso ocurrió en la madrugada, cuando la joven salió del local. Un sujeto que estaba dentro del boliche se le acercó y la interceptó. Según el testimonio de un testigo, el hombre la tomó de los brazos y la arrastró hacia el predio que comparten el Concejo Deliberante y el ex ferrocarril. Allí la sometió sexualmente. «La víctima le imploró: ‘No me haga daño, no me haga daño'», relató Castillo Gioya.

La Cámara Gesell fue clave para la causa. Ante los psicólogos, la adolescente identificó a su agresor. «Esta persona es individualizada porque lo reconoce con nombre y apellido. Él la encuentra disminuida y se aprovecha de esa situación», explicó el abogado. La menor describió al atacante como un hombre de entre 30 y 35 años. El único detenido será indagado este miércoles a las 9 de la mañana y todo indicaría que se abstendrá de declarar.

La querella no solo apunta al autor material. Castillo Gioya también responsabilizó al dueño del boliche por permitir el ingreso y el consumo de alcohol de menores. «El propietario tiene una participación criminal. Si él hubiese puesto un límite y no hubiera dejado subir a una chica de 15 años que parece una niña, otra sería la historia. Hubo una combinación de irresponsabilidades», enfatizó.

En las próximas horas, la Fiscalía evalúa la realización de una rueda de reconocimiento para ratificar la identidad del sospechoso. La menor sería trasladada a los tribunales, en presencia de sus padres, para participar del procedimiento. Mientras tanto, la comunidad de Pozo Hondo sigue conmocionada y espera que la Justicia esclarezca el hecho y sancione a todos los responsables.

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