Judiciales

Jueza de género ordenó a una mujer salir del edificio de su madre escribana por presuntas amenazas y malos tratos

La jueza Norma Morán tomó una decisión urgente: excluir a Solange Lavaisse Butiler del edificio ubicado en calle Moreno, donde vive su madre, la escribana Marta Ofelia Butiler. El motivo, según la investigación, son sospechas de malos tratos y amenazas que vienen desde abril del 2025. La situación se tensó aún más cuando una media hermana de Solange denunció nuevos episodios de agresiones verbales, todos filmados por las cámaras de seguridad privada del edificio.

En la audiencia de este miércoles, la fiscal Pilar Palavecino actuó a través de la instructora Malvina Lobo. Del lado de la querella, los abogados Diego Lindow, Jorge Navarro y Antonio Saad subrayaron que la escribana es víctima y que lo único que desea es tener un poco de paz después de tanto tiempo. Los letrados ratificaron su objetivo: que Solange sea excluida de la vivienda, pero aclararon que no la van a dejar tirada en la calle.

De hecho, los abogados de la querella ahondaron en un compromiso concreto: mientras viva la escribana, ella misma se hará cargo de pagarle un alquiler a Solange en un piso ubicado en Roca y 9 de Julio. La idea es que se traslade ahí de inmediato, así se corta la convivencia conflictiva pero sin dejarla desprotegida. La medida busca poner fin a los episodios de tensión que, según la denuncia, vienen escalando hace más de un año.

Del otro lado, la defensa de Solange, a cargo de los abogados Daniel Guzmán y Maximiliano Cinquegrani, planteó que su cliente está atravesando un presente «cuesta arriba». Señalaron que Solange fue despojada de tres propiedades, lo que agrava su situación personal y emocional. Pese a esos argumentos, la jueza Morán consideró que primaba la protección de la escribana como víctima de amenazas.

Después de un intenso debate, la jueza ordenó a Solange retirarse de la vivienda. Si no lo hace por sus propios medios, la medida se ejecutará con fuerza pública. Además, fijó una perimetral por 120 días para mantener distancia. Cabe recordar que ya el año pasado la fiscalía había dictado medidas contra Solange, pero nunca se la pudo notificar porque no la encontraban en la casa. Ahora, la fiscalía profundizará la causa con pericias que empezarán la semana que viene.

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Dictaron la preventiva para un sujeto acusado de comercializar drogas

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La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para Delfín Hoyos y Enrique Carrizo en una causa por narcotráfico en Monte Quemado

La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de Juan Delfín Hoyos y Enrique Galván Carrizo, acusados de narcotráfico en Monte Quemado. La Unidad Fiscal y el fiscal Luis Gabriel Gómez sostuvieron la acusación y remarcaron la existencia de una red organizada de comercialización de drogas.

La justicia provincial ratificó la prisión preventiva de Juan Delfín Hoyos y Enrique Galván Carrizo, acusados de integrar una red de comercialización de estupefacientes en la localidad de Monte Quemado. La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones y Control en lo Penal, que rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó lo dispuesto por el juez de Control y Garantías.

El caso se inició en la justicia federal en el año 2024, cuando una mujer entregó espontáneamente una mochila con tres kilos de droga en una garita policial, señalando que pertenecía a su pareja. A partir de allí, la Unidad Fiscal de Monte Quemado, a cargo de los doctores Santiago Bridoux y Gabriel Gómez, desplegó una investigación que incluyó escuchas telefónicas durante más de un año, allanamientos y seguimientos financieros. Según el expediente, Hoyos habría movilizado cerca de 37 millones de pesos en tres meses, sin justificar actividad laboral alguna.

En los allanamientos realizados en diciembre de 2025 se secuestraron drogas fraccionadas, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización. En el domicilio de Hoyos se hallaron envoltorios con cocaína y marihuana, además de un cuaderno de anotaciones y $2.836.500 en efectivo. En el inmueble de Galván Carrizo se encontraron casi un kilo de marihuana enterrada en distintos sectores del predio, junto a una balanza y teléfonos celulares.

Las defensas intentaron que se modificara la calificación legal a tenencia simple, argumentando que la cantidad secuestrada era ínfima y que no existían pruebas suficientes de comercialización. También solicitaron la excarcelación y, en el caso de Hoyos, prisión domiciliaria por razones de salud. Sin embargo, la Cámara consideró que los elementos reunidos —escuchas, movimientos bancarios, ocultamiento de la droga y coordinación con otros imputados— son compatibles con la figura de tenencia con fines de comercialización prevista en el artículo 5 de la Ley 23.737.

El tribunal destacó además la complejidad de la causa, que involucra a varios imputados, fuerzas federales y provinciales, y hasta un prófugo con pedido de captura internacional. En ese contexto, se verificaron riesgos procesales concretos, como la posibilidad de entorpecer la investigación o influir sobre testigos en una localidad pequeña como Monte Quemado.

Respecto al pedido de prisión domiciliaria para Hoyos, la Cámara señaló que el informe forense concluyó que puede continuar su tratamiento médico estando privado de libertad, por lo que no se verifican los requisitos legales para esa alternativa.

Con esta decisión, la justicia provincial reafirma el trabajo de la Unidad Fiscal de Monte Quemado representada por el fiscal Luis Gabriel Gómez, quienes sostuvieron la acusación y remarcaron la existencia de una organización dedicada al tráfico de drogas en la zona norte de la provincia. La causa continuará con nuevas pericias sobre los dispositivos telefónicos secuestrados y con la preparación de la requisitoria fiscal para su eventual elevación a juicio.

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