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La Justicia federal acelera los procesos disciplinarios: 3 jueces removidos y otros 3 en juicio político

En abril del 2022, el Consejo de la Magistratura asumió la conducción de la Corte Suprema y sufrió varios desperfectos en cuanto a las autoridades. De hecho, dos jueces fueron destituidos dos habián sido mandados a jury y otro también podría pasarle lo mismo, mientras que algunos fueron sancionados en el último tiempo.

El pasado jueves, la comisión de la Acusación votó con unanimidad el envío a juico político del juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por graves delitos de corrupción judicial y con pedido de detención, y avanzar en la citación a una suerte de indagatoria del juez en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral.

Por un lado, el avance sobre el procedimiento sobre Salmain, que deberá ser respaldado para plenario para que el magistrado sea suspendido, derivó en un relevamiento de las decisiones tomadas tanto en la comisión de Disciplina como en la comisión de Acusación desde que el presidente de la Corte Horacio Rosatti asumió la presidencia del organismo.

En este período fueron removidos los jueces Walter Bento y Martín Poderti, renunció antes de que el Plenario sellara su suerte el juez Marcelo Bailaque y se envió a jury a los jueces Alfredo López y Pablo Díaz Lacava. Ahora falta que el Plenario resuelva si también suspende y remueve a Salmain y que se evalúe la conducta de Maraniello. Hubo además más sanciones disciplinarias.

El Plenario del Consejo de la Magistratura, el 4 de octubre de 2023, dispuso sanciones pecuniarias (multa del cincuenta por ciento de los haberes por única vez) a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal, Jueces Javier Anzoategui y Luis María Rizzi, en orden a las consideraciones vertidas en la sentencia suscripta en la causa N°63.642/2017.

Según revelaron, se trató de actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo. Asimismo, el Consejo instó a los jueces a que realicen el curso de la ley Micaela, y que de manera periódica a los efectos de procurar la debida actualızación en materia de perspectiva de género.

Radio Mitre

Nacionales

Una ONG denunció penalmente a la jueza que suspendió la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

Una ONG presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual tras la suspensión de la aplicación de la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Usina de Justicia acusó a la magistrada de usurpación funcional y abuso de autoridad y pidió intervenir en el habeas corpus.

La organización, que se presentó como amicus curiae, también formuló en otro expediente una denuncia penal por usurpación funcional y abuso de autoridad. El recurso fue tramitado en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, expediente 40881-HC, según la presentación oficial y pidió audiencias públicas.

Usina de Justicia, fundada por la doctora Diana Cohen Agrest tras el asesinato de su hijo, sostuvo que la presentación busca incorporar la perspectiva de las víctimas. El trámite lo encabezó Fernando Oscar Soto con el patrocinio del abogado Martín Luis Sarubbi; pidieron que se escuche a familiares afectados por delitos.

La magistrada dispuso una medida preventiva por 60 días que deja sin efecto, de manera temporal, la aplicación de la Ley 27.801, la Ley Penal Juvenil, en territorio bonaerense. Además convocó a una audiencia el 16 de septiembre para que funcionarios informen sobre los recursos y planes de implementación; la ONG pidió participar.

Usina cuestionó que la suspensión se apoyara en una hipótesis futura sobre mayor internación y condiciones de alojamiento, sin acreditar un perjuicio actual que justificara la medida. Advirtió además que la ley contempla herramientas distintas a la prisión: medidas educativas, seguimiento, servicios comunitarios y reparación integral, que no fueron analizadas integralmente.

La jueza Marta Elba Pascual defendió su fallo y aclaró que no romanticiza a los menores armados: «Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma», dijo, y agregó que «con esta ley no les vamos a dar seguridad». Pascual fue ministra de Familia y Desarrollo Humano durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Radio Mitre

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