El senador nacional Gerardo Zamora anunció que impulsará nuevamente en el Congreso un proyecto de ley para penalizar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, práctica conocida como “pornovenganza”. La iniciativa, que ya había sido presentada anteriormente y obtuvo media sanción en 2020, busca saldar lo que el propio legislador definió como “una deuda pendiente” con las víctimas de este tipo de violencia digital.

La reactivación del proyecto no es casual. En los últimos años, los delitos vinculados a la exposición de material íntimo en redes sociales y plataformas digitales crecieron de manera sostenida, sin que exista aún una normativa específica a nivel nacional que los tipifique de forma clara en el Código Penal. Según advirtió Zamora, esta falta de legislación genera un “vacío legal” que deja a muchas víctimas en situación de desprotección.

El proyecto que el senador busca reinstalar había sido impulsado originalmente por la entonces legisladora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y apunta a incorporar figuras como la pornovenganza, la sextorsión y otras formas de violencia digital dentro del marco penal argentino. En paralelo, iniciativas similares vienen siendo debatidas en distintos ámbitos legislativos del país, reflejando la necesidad de actualizar las leyes frente a los avances tecnológicos.

Especialistas en derecho digital coinciden en que este tipo de delitos no solo afectan la privacidad de las personas, sino que pueden tener consecuencias psicológicas, sociales y laborales profundas. La difusión de contenido íntimo sin consentimiento suele estar vinculada a situaciones de violencia de género, lo que agrega una dimensión aún más compleja al problema y refuerza la urgencia de contar con herramientas legales adecuadas.

En este contexto, la iniciativa de Zamora vuelve a poner en agenda un debate que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno social: cómo proteger la intimidad en la era digital. Mientras el Congreso analiza posibles avances, el crecimiento de estos casos expone una realidad que avanza más rápido que la legislación, dejando en evidencia la necesidad de respuestas concretas frente a nuevas formas de violencia.