Una ONG presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual tras la suspensión de la aplicación de la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Usina de Justicia acusó a la magistrada de usurpación funcional y abuso de autoridad y pidió intervenir en el habeas corpus.

La organización, que se presentó como amicus curiae, también formuló en otro expediente una denuncia penal por usurpación funcional y abuso de autoridad. El recurso fue tramitado en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, expediente 40881-HC, según la presentación oficial y pidió audiencias públicas.

Usina de Justicia, fundada por la doctora Diana Cohen Agrest tras el asesinato de su hijo, sostuvo que la presentación busca incorporar la perspectiva de las víctimas. El trámite lo encabezó Fernando Oscar Soto con el patrocinio del abogado Martín Luis Sarubbi; pidieron que se escuche a familiares afectados por delitos.

La magistrada dispuso una medida preventiva por 60 días que deja sin efecto, de manera temporal, la aplicación de la Ley 27.801, la Ley Penal Juvenil, en territorio bonaerense. Además convocó a una audiencia el 16 de septiembre para que funcionarios informen sobre los recursos y planes de implementación; la ONG pidió participar.

Usina cuestionó que la suspensión se apoyara en una hipótesis futura sobre mayor internación y condiciones de alojamiento, sin acreditar un perjuicio actual que justificara la medida. Advirtió además que la ley contempla herramientas distintas a la prisión: medidas educativas, seguimiento, servicios comunitarios y reparación integral, que no fueron analizadas integralmente.

La jueza Marta Elba Pascual defendió su fallo y aclaró que no romanticiza a los menores armados: «Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma», dijo, y agregó que «con esta ley no les vamos a dar seguridad». Pascual fue ministra de Familia y Desarrollo Humano durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Radio Mitre