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Judiciales

Federales detenidos en Pellegrini: niegan coimas y hablan de “interna de fuerzas”

Los uniformados enfrentan cargos por coimas activas, pasivas y encubrimiento de contrabando.

Los siete efectivos de la Policía Federal Argentina, detenidos en el departamento Pellegrini por presuntas coimas, negaron los cargos en sus primeras declaraciones y atribuyeron su caída a una supuesta “interna de fuerzas”. La investigación los acusa de haber liberado la Ruta Nacional 34 para facilitar el contrabando, cobrando sumas millonarias a pasajeros y comerciantes.

De acuerdo con las actuaciones del fiscal federal Pedro Simón, los uniformados enfrentan cargos por coimas activas, pasivas y encubrimiento de contrabando. La acusación sostiene que los federales tucumanos exigían pagos de al menos 100.000 pesos por pasajero, bajo amenaza de secuestrar mercadería proveniente de Orán, Salta.

Asistidos por el abogado Lucas Vieyra, los detenidos rechazaron cualquier vínculo con las maniobras ilegales y se declararon ajenos a las coimas. Sin embargo, evitaron pronunciarse sobre el hallazgo de dinero marcado que probaría la conexión con dos coordinadoras también involucradas en el caso.

La investigación, considerada de alta complejidad, cuenta con la colaboración del Ministerio del Interior y de la Administración Federal de Inteligencia (AFI). En los próximos días, la Fiscalía tomará testimonios de testigos civiles y de efectivos de Gendarmería, en un intento por reconstruir el esquema de corrupción denunciado.

Los federales intentan desligarse de las acusaciones alegando que se trata de una disputa de competencias entre fuerzas de seguridad. Sin embargo, los fiscales sostienen que las pruebas recabadas muestran un patrón sistemático de cobros ilegales y liberación de rutas estratégicas para el contrabando.

Mientras tanto, los planteos defensivos serán evaluados por la justicia federal, que deberá resolver si los efectivos continúan detenidos o si recuperan la libertad mientras avanza el proceso. El caso generó fuerte repercusión en Tucumán y Santiago del Estero, al exponer un entramado de corrupción dentro de una fuerza nacional.

Efectivos PFA detenidos

  1. Subinspector LP 670 Herrera Ivon Janet – Banda Río Salí
  2. Sargento LP 7905 Trejo Matías – San Miguel de Tucumán
  3. Cabo 1 LP 42696 Barigozzi Miguel – Las Talitas
  4. Cabo 1 LP 39063 Mansilla Matías – Lomas de Tafí
  5. Cabo 1 LP 42625 Navarro Sabate Rocío Fernanda – San Miguel de Tucumán
  6. Cabo 1 LP 47437 Valdivieso Walter Maximiliano – Las Talitas
  7. Cabo LP 11647 Lazarte Mauro Nicolás – San Miguel de Tucumán

Judiciales

Un «dealer» de La Banda seguirá cumpliendo prisión preventiva pero con arresto domiciliario

Imagen ilustrativa

El inculpado Héctor Edgardo Soria permanece detenido desde agosto de 2025. Le secuestraron cocaína, marihuana y plantas de cannabis sativa.

La Cámara de Apelaciones y de Control en lo Penal confirmó la prisión preventiva que fuera dictada -en diciembre de 2025- para Héctor Edgardo Soria, como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pero el tribunal admitió que dicha medida siga cumpliéndose bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Por una denuncia anónima

La causa en contra del inculpado se inició en agosto de 2025, a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de drogas en el domicilio de Soria, situado en la ciudad de La Banda. Por orden de la Dra. Pilar Gallo, integrante de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico para la jurisdicción Banda y Robles, se inició una exhaustiva investigación y durante la misma los efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas lograron reunir contundentes evidencias, en las cuales se apoyó el pedido de la fiscalía para la concreción de un allanamiento para detener al sujeto y secuestrar las drogas y todo elemento vinculado a la actividad ilegal que desplegaba.

Lo que le secuestraron

Tal procedimiento se llevó a cabo en agosto del año pasado, y en la ocasión los uniformados secuestraron cocaína, marihuana, una importante cantidad de plantas de cannabis sativa, una balanza de precisión y elementos para recorte y fraccionamiento de las sustancias tóxicas. Además, una de las habitaciones del inmueble estaba organizada para el cultivo y cuidado de dichas plantas, por lo que se procedió a la inmediata detención de acusado.

El 10 de septiembre de 2025 se dictó la prisión preventiva para Soria, medida coercitiva que la defensa del sujeto -ejercida por los abogados Daniel Ingratta y María del Valle Rodríguez- apeló, requiriendo que el sujeto sea excarcelado, aunque tal planteo no prosperó porque en marzo del corriente año la Cámara de Apelaciones le confirmó la prisión preventiva.

En una audiencia que se celebró en la mañana de este miércoles, la defensa de Soria intentó nuevamente el cese de prisión, pero el planteo fue rechazado por el tribunal que si dispuso que la medida se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.

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