La Asociación Bancaria presentó una severa queja formal contra el Estado argentino ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La denuncia, avalada por la CGT y diversas federaciones internacionales, advierte sobre presuntas violaciones a los convenios sobre libertad sindical a raíz de una represión policial ocurrida en la provincia de Tucumán.

El núcleo de la presentación se centra en los hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2025. Aquella tarde, representantes de la Seccional Tucumán del gremio realizaban una asamblea en el interior de la sucursal Concepción del Banco Patagonia, en reclamo por un despido y ante diversas denuncias de hostigamiento laboral.

Según consta en el documento elevado a Ginebra, la actividad se desarrolló de forma íntegramente pacífica. Sin embargo, a partir de un requerimiento de la propia entidad bancaria, efectivos de la División Infantería provincial se apostaron en el lugar. La intervención policial no ocurrió para desarticular un disturbio, sino que se desencadenó cuando los trabajadores salían del establecimiento tras concluir su medida gremial.

El escrito detalla un nivel de violencia institucional que la organización considera desproporcionado. Los registros confirman que los agentes intervinieron con sus rostros cubiertos, lo que impidió su identificación individual. Además, emplearon escopetas calibre 12/70, efectuaron disparos y utilizaron guantes tácticos con refuerzos rígidos en los nudillos, elementos que, según la denuncia, no están permitidos para tareas de contención ciudadana debido a su capacidad para aumentar el daño de los golpes.

Esta represión dejó como saldo dirigentes lesionados y detenidos, quienes además denunciaron haber sido sometidos a tratos vejatorios. Para La Bancaria, los hechos vulneraron los convenios 87, 98 y 135 de la OIT, vinculados con el derecho a la sindicación y la protección de los representantes gremiales.

La denuncia no se detiene únicamente en la agresión física, sino que también señala un presunto entramado de encubrimiento y persecución posterior. Para investigar el operativo policial, las armas fueron secuestradas de manera tardía, dejando su custodia y los peritajes en manos de la misma fuerza de seguridad implicada. Asimismo, la causa quedó a cargo de una fiscalía especializada en usurpaciones y ciberdelincuencia, un área que, según el gremio, resulta ajena a una investigación por violencia institucional.

Radio Mitre