El último relevamiento muestra un mercado laboral fragmentado: mientras algunos distritos registran niveles mínimos de desocupación, otros superan el 9% en un contexto de ajuste económico y caída de la actividad.

El mapa de la desocupación correspondiente al cuarto trimestre de 2025 confirma una tendencia que se viene consolidando en la Argentina: un mercado laboral con profundas desigualdades regionales. Según datos basados en los aglomerados urbanos relevados por el INDEC, la tasa nacional se ubicó en torno al 7,5%, en línea con los niveles registrados durante el año, aunque con marcadas diferencias entre provincias.

Los mayores niveles de desempleo se concentran en los principales centros urbanos y regiones con fuerte actividad industrial o dependencia del consumo interno. En ese grupo aparecen Buenos Aires (9,5%) y Santa Cruz (9,5%), junto con Córdoba (8,8%) y Chaco (8,2%). Estos números reflejan el impacto de la desaceleración económica, la caída del consumo y el ajuste del gasto público, factores que según informes recientes del INDEC y consultoras privadas vienen afectando la generación de empleo.

En el otro extremo, provincias como Santiago del Estero (0,6%), Río Negro (1,3%) y San Luis (1,5%) muestran tasas considerablemente más bajas. Sin embargo, especialistas advierten que estos valores deben leerse con cautela: en muchos casos, el menor desempleo convive con altos niveles de informalidad, subocupación o menor participación en el mercado laboral, variables que el propio INDEC contempla en sus informes trimestrales.

A nivel general, el organismo estadístico también viene señalando que, más allá de la tasa de desocupación, crece el fenómeno del empleo precario y la subocupación demandante, es decir, personas que trabajan menos horas de las que necesitan o en condiciones inestables. Este dato resulta clave para comprender por qué, incluso en provincias con baja desocupación, persisten dificultades económicas en amplios sectores de la población.

En este escenario, el mercado laboral se consolida como uno de los principales indicadores sociales para medir el impacto de las políticas económicas en curso. Con un país atravesado por fuertes asimetrías regionales, la evolución del empleo en 2026 será determinante para evaluar si la recuperación económica logra traducirse en mejoras concretas en la calidad y cantidad del trabajo.