A pocos días de la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) difundieron una carta abierta dirigida al pontífice para exponer un duro diagnóstico sobre la coyuntura socioeconómica del país.

En el documento, las organizaciones gremiales cuestionaron las políticas impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei, describiendo un panorama marcado por el deterioro del empleo, la precarización laboral y el endeudamiento de las familias.

La presentación de la misiva contó con el aval conjunto de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. En el escrito, las centrales sindicales denunciaron que las demandas de los sectores vulnerables fueron respondidas con un esquema de “represión de las protestas”, señalando el uso de gases lacrimógenos y balas de goma durante manifestaciones de jubilados, personas con discapacidad y jóvenes. Como caso testigo de la violencia institucional, mencionaron el episodio sufrido por el reportero gráfico Pablo Grillo, a quien afirmaron que casi le quitan la vida durante una cobertura periodística.

Las conducciones sindicales repudiaron además el tono empleado por el Poder Ejecutivo, vinculando las intervenciones públicas del mandatario con la proliferación de conductas violentas en el entramado social. En ese sentido, expresaron que el Presidente «insulta, amenaza y sostiene permanentemente discursos de odio», advirtiendo que tales mensajes se amplifican en entornos digitales y pueden derivar en agresiones físicas, femicidios, estigmatización virtual y diversas formas de violencia simbólica.

Asimismo, el informe remitido al Vaticano hizo hincapié en la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la informalidad laboral en el territorio nacional. Según detallaron los referentes gremiales, “casi la mitad de los ocupados lo hacen en condiciones de informalidad”, remarcando que el haber mínimo perdió un 40% de su valor real en los últimos tres años, cubriendo en la actualidad apenas la mitad del costo de una canasta básica familiar.

El documento sindical alertó sobre el impacto de la quita del salario complementario para la economía popular, una decisión oficial que afectó a más de 900 mil trabajadores del sector e impulsó una caída acumulada del 75% en el poder de compra de dicho segmento. Las entidades manifestaron que la falta de ingresos genuinos derivó en un sobreendeudamiento de los hogares y en un preocupante avance de las apuestas legales e ilegales entre las familias de menores recursos.

Radio Mitre