A un día de la Quinta Marcha Universitaria Federal, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó aplicar multas al Estado por incumplir la cautelar vinculada con el financiamiento universitario. El juez Martín Cormick estableció una sanción inicial de $100.000 por día para Diego Santilli, titular de la Jefatura de Gabinete.

El magistrado justificó la medida por el incumplimiento verificado y por el apercibimiento previo. La Casa Rosada anunció que apelará y cuestionó con dureza al juez. En un comunicado, sostuvo que Cormick “recurrentemente ha fallado en contra del gobierno del presidente Javier Milei y de todos los argentinos”, y objetó sus antecedentes profesionales y vínculos políticos.

El Gobierno también aludió a los vínculos del magistrado con La Cámpora y recordó que, según el comunicado, se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo. Además, mencionó su paso por la Inspección General de Justicia y su desempeño como síndico general del PAMI durante la gestión de Luana Volnovich.

La intimación judicial llegó después de que, a fines de septiembre, Cormick considerara que el Estado no había probado el cumplimiento completo de la cautelar. La orden exige actualizar salarios y becas universitarias y había dado al Ejecutivo cinco días para hacerlo. De acuerdo con estimaciones del sistema universitario, la recomposición salarial rondaría el 33%.

La semana pasada, el juez declaró inconstitucional un apartado del Decreto 759/2025 que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial. Cormick entendió que esa maniobra operaba como un “mecanismo extraconstitucional” y señaló que la ley permite reasignar partidas.

El Gobierno apeló ese fallo y el recurso fue concedido, por lo que quedó suspendida la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, sigue vigente la cautelar sobre salarios y becas. El Ejecutivo insiste en que el Congreso debe precisar de dónde saldrán los fondos. Franco Bartolacci, titular del CIN, valoró que la multa responsabilice a una autoridad concreta.

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