La Corte Suprema convocó para este viernes a un acuerdo extraordinario desde las 9, en el que analizará un nuevo planteo vinculado con la Ley de Tierras. La discusión podría desembocar en una cautelar que vuelva a poner en vigor límites a la compra de campos por parte de ciudadanos extranjeros, según fuentes judiciales citadas por Clarín.

La reunión fue dispuesta por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, días después de que la Corte dejara sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata. Ese fallo había considerado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras en diciembre de 2023. La decisión del máximo tribunal se apoyó en razones procesales.

El nuevo expediente, sin embargo, responde a una presentación diferente. La impulsaron la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Solicitan que la Corte aclare si su resolución anterior también comprende el amparo colectivo que iniciaron contra la derogación de la norma.

Los demandantes plantean que su acción tiene fundamentos propios: invocan la protección ambiental y los derechos territoriales ancestrales de los pueblos originarios. El caso que la Corte resolvió previamente había sido promovido por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, que sostuvo su reclamo en la defensa de la soberanía nacional.

Ambas causas habían sido consideradas conexas por la Cámara Federal platense. No obstante, quienes presentaron el nuevo pedido afirman que cuentan con legitimación independiente y que, por eso, el fallo anterior no debería clausurar su reclamo. Ahora el tribunal debe decidir si devuelve el expediente a los juzgados de origen o interviene directamente sobre la cautelar solicitada.

Además de Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, participarán los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, elegidos por sorteo como conjueces. Su incorporación se resolvió ante diferencias internas sobre el camino a seguir. La Corte necesita tres votos para dictar una sentencia, por lo que amplió su integración para tratar este asunto.

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