La Corte Suprema volvió a suspender la derogación de la Ley de Tierras y reactivó, de manera provisoria, las restricciones para la compra de campos por extranjeros. La medida se mantendrá hasta que avance la discusión judicial. Mientras tanto, vuelve a regir el esquema de la Ley 26.737, aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El escenario cambió luego de que el máximo tribunal revocara un fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, firmado por Javier Milei. En esa oportunidad, la Corte fundamentó su decisión en cuestiones procesales y en la falta de representatividad del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, que había impulsado aquella causa.

La nueva resolución respondió a un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la constitucionalidad del mismo artículo mediante una acción colectiva. La entidad pidió que se precisara si el fallo anterior también afectaba su presentación. La Corte remitió el expediente al juzgado federal de Bariloche, donde se originó el reclamo.

Hasta que ese juzgado analice quiénes están habilitados para impulsar la demanda y evalúe el pedido, la cautelar ordena “suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023”. Por eso, los límites a la compra de tierras por extranjeros recuperan vigencia de forma transitoria, sin que la discusión de fondo haya quedado resuelta.

La norma fija que las personas o empresas extranjeras no pueden reunir más del 15% de las tierras rurales, tanto en el país como en cada provincia y municipio. Además, dentro de ese cupo, ninguna nacionalidad puede superar el 30%. Para un mismo titular extranjero, el máximo en la zona núcleo es de 1000 hectáreas, o su equivalente en otras regiones.

La legislación también busca resguardar recursos estratégicos: impide adquirir tierras que contengan recursos hídricos y aquellas ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Los propietarios extranjeros deben declarar sus bienes ante el Registro Nacional de Tierras Rurales. A su vez, un Consejo Interministerial establece pautas técnicas y criterios para equiparar superficies en distintas áreas.

Radio Mitre