El juez Merino quedó injustamente en el centro de una polémica mediática y de redes sociales tras la resolución que benefició a los imputados en la causa Fürth Automotores. La decisión generó fuertes críticas de las querellas y la fiscalía, que cuestionaron su criterio. Sin embargo, lo que se observa es que el magistrado actuó dentro de los márgenes que establece la ley y no se apartó del procedimiento.

La presión mediática y política sobre los jueces suele ser intensa, más aún en casos de alto impacto social. En este escenario, Merino se limitó a aplicar las normas vigentes y a valorar las pruebas disponibles. Su fallo no fue un gesto aislado ni caprichoso, sino la consecuencia de un análisis jurídico que responde a lo que marca el Código Procesal.

Las querellas sostienen que hubo un beneficio indebido hacia los acusados, pero esa interpretación desconoce que la excarcelación es una herramienta prevista por la legislación. El juez entendió que no había elementos suficientes para sostener la figura de asociación ilícita, y que correspondía encuadrar la causa en estafa, con un tratamiento distinto en términos de prisión preventiva.

La fiscalía, por su parte, insistió en que la medida debilitaba la investigación y que procederían con una apelación. Sin embargo, la función de un magistrado no es acompañar la estrategia de una parte, sino garantizar que el proceso se ajuste a derecho. Merino cumplió con ese rol, aunque las consecuencias políticas y mediáticas resulten incómodas para algunos sectores.

En medio de la polémica, es importante recordar que la independencia judicial es un pilar democrático. Los jueces no pueden fallar en función de la presión externa ni del clima social, sino de lo que surge de los expedientes. En este caso, Merino se apoyó en la normativa y en la jurisprudencia, evitando caer en excesos o arbitrariedades.

El debate público sobre la resolución es legítimo, pero no debería transformarse en un ataque personal. El juez no inventó una salida, simplemente aplicó lo que la ley permite. La crítica puede ser parte del juego democrático, pero la descalificación erosiona la confianza en las instituciones y en la justicia misma.

La discusión seguirá abierta, porque el caso Fürth Automotores tiene un fuerte impacto en la sociedad santiagueña. Pero más allá de las diferencias, lo que debe quedar claro es que Merino actuó conforme a derecho. Defender esa premisa es también defender la seguridad jurídica y la credibilidad de los procesos judiciales.