El caso de Jésica Torres, acusada por la muerte de su tío Jorge Osvaldo Torres en Campo Gallo, volvió a ser noticia en septiembre de 2026 cuando la joven recuperó su libertad tras acceder al beneficio de la libertad condicional. La resolución judicial se enmarca en un proceso atravesado por el reconocimiento de un contexto de violencia de género que marcó la vida de la acusada desde la infancia.

En diciembre de 2025 se llevó adelante el juicio oral, donde la defensa técnica ejercida por la Dra. Malena Bustos planteó que el hecho debía analizarse como un supuesto de legítima defensa. Durante el debate se acreditó que Jésica había sido víctima de abusos sexuales desde los cinco años de edad, además de sufrir agresiones físicas y verbales de manera constante por parte de quien luego resultó víctima del hecho.

La convivencia en un mismo terreno, con dos módulos habitacionales, la mantenía expuesta de manera permanente a su agresor. A ello se sumaban los episodios de consumo abusivo de alcohol del hombre, que incrementaban su agresividad y derivaban en insultos y ataques físicos.

En ese contexto de violencia sostenida durante años se produjo el hecho que derivó en el juicio. Según lo acreditado, Jésica reaccionó durante un forcejeo y le asestó una puñalada mortal a su tío. El hombre se retiró por sus propios medios a su habitación y posteriormente falleció.

El tribunal reconoció la existencia de violencia de género como un factor determinante, aunque no acogió íntegramente la postura de la defensa. Finalmente, condenó a Torres por exceso en la legítima defensa, imponiéndole una pena de cuatro años y seis meses de prisión. La decisión fue celebrada por la defensa, que consideró un avance el reconocimiento del contexto de violencia, aunque insistió en que correspondía la absolución plena.

Tras permanecer detenida desde 2023, Jésica accedió al beneficio de la libertad condicional en septiembre de 2026 y actualmente se encuentra en libertad. La defensa adelantó que continuará planteando la revisión de la sentencia, insistiendo en que el caso debe ser considerado como un ejemplo claro de legítima defensa en un contexto de violencia de género.

Este fallo se suma a otros antecedentes en los que los tribunales comienzan a aplicar una mirada con perspectiva de género, reconociendo que las condiciones de vulnerabilidad y violencia sostenida modifican los parámetros tradicionales de análisis en los delitos graves. Para la defensa, se trata de un paso importante hacia una justicia más sensible y acorde a las realidades que atraviesan las mujeres víctimas de violencia.