En Ushuaia, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti visitaron el predio donde se proyecta la Base Naval Integrada y se reunieron con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza.

El proyecto, iniciado en 2022, quedó detenido durante el primer año de la gestión nacional y se reactivó recientemente. El Ejecutivo reasignó USD 142 millones mediante una medida publicada en el Boletín Oficial; ese monto cubre cerca del 30% de un costo estimado entre USD 400 y USD 500 millones, informaron fuentes oficiales.

La comitiva llegó en un Embraer de la Fuerza Aérea y estuvo integrada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

El gobernador destacó que Tierras del Fuego tiene un “lugar geopolítico único” por la cercanía con Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur, y subrayó: “Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía”.

Antes del viaje, el vocero presidencial Adrián Ravier aclaró: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”.

Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, denunciaron penalmente a cinco firmas por operar en el archipiélago: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. En el comunicado sostuvieron: “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.

Radio Mitre