El presidente Javier Milei nombró a Ramiro Anzit Guerrero subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, cartera encabezada por Alejandra Monteoliva. La designación quedó formalizada el 12 de noviembre mediante el decreto 1352/2026, aunque tiene vigencia desde el 28 de octubre. El funcionario asumió así la conducción del área con una agenda de varios desafíos.

Anzit Guerrero es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, tiene una maestría en Estudios Estratégicos y se especializó en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia. También realizó capacitaciones en España, Estados Unidos, Taiwán e Israel. Su recorrido combina tareas de inteligencia criminal, participación en organismos internacionales y actividad académica ligada al estudio de la criminología.

Antes de incorporarse al Ministerio de Seguridad, trabajó en la Secretaría General de INTERPOL, en Lyon, como oficial de Inteligencia Criminal. Desde allí coordinaba acciones de la organización en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. En marzo de 2025, la entonces ministra Patricia Bullrich lo designó director nacional de Inteligencia Criminal, función que ocupó hasta su nuevo nombramiento.

Argentina también postuló a Ramiro Anzit Guerrero para integrar la Comisión para el Control de los Archivos de INTERPOL. El organismo supervisa el tratamiento de datos personales y verifica que se respeten las reglas de la entidad. Hay 20 candidaturas presentadas por países miembros, pero solo siete postulantes serán elegidos. La votación está prevista para el 28 de noviembre, durante la Asamblea General en Hong Kong.

Uno de los asuntos centrales de su gestión será el cierre de la cárcel de Devoto, un proyecto que lleva décadas pendiente. Según informó Infobae, deberá organizar el traslado de las personas detenidas y avanzar luego con la entrega y demolición del predio. Para concretar esa tarea, también tendrá que coordinar con otras jurisdicciones el alojamiento de los internos.

En particular, el nuevo subsecretario buscará ordenar el vínculo con el Gobierno porteño por el traslado de detenidos al complejo penitenciario de Marcos Paz. La administración del sistema federal también deberá atender la ocupación de las cárceles y fortalecer la cooperación con la Justicia. Entre los objetivos figuran ampliar las propuestas de estudio y trabajo para quienes cumplen condena.

Radio Mitre